Carlos Fernández-Vega (La Jornada)
El mercado laboral mexicano se mantiene sin cambios: nada de muertito y aparenta reportar una milimétrica reducción en los indicadores oficiales de desocupación, que sólo oculta una menor tasa de participación de la población económicamente activa (PEA), que se hace a un lado por no concentrar trabajo, por mucho que lo intente.
El más reciente informe que sobre el particular ayer divulgó el Inegi da cuenta de que en el noveno mes de 2014 la tasa oficial de desocupación en el país se redujo de 4.83 en agosto a 4.75 por ciento en septiembre, mientras que ese mismo indicador, pero anualizado, pasó de 5.29 a 5.08 por ciento, y de 5.88 a 5.78 por ciento en las 32 principales ciudades de la República. La informalidad se mantiene al alza, y el indicador respectivo pasó de 57.53 a 58.01 por ciento.
Sobre este tema, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) subraya que el ingrato panorama del mercado laboral es uno de los indicadores que señala la necesidad de los cambios que México debe realizar, porque la precarización se mantiene al alza.
El IDIC apunta que no debe dejarse a un lado que la aparente mejoría registrada en septiembre en los indicadores laborales se da en un contexto en el que la mayor parte de la población se encuentra en una situación de informalidad laboral, lo cual implica altísima vulnerabilidad. Incluso la tasa de informalidad laboral presentó un crecimiento, ya que de 57.53 por ciento en de 2013 pasó a 58.01 por ciento en el mismo mes de 2014, y en este indicador se incluyen, además de las personas registradas en micro negocios del sector informal, a los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a trabajadores que laboran sin la protección de la seguridad social y cuyos servicios son utilizados por unidades económicas registradas.
Este entorno se presenta en una situación en la que de manera paralela, ha disminuido la población económicamente activa, lo que quiere decir que, a pesar de que existen menos personas que están ocupadas o buscan estarlo, las condiciones laborales no ceden en términos de precariedad y no ha sido posible recuperar las tasas que se tenían previo a la crisis de 2009.
En la República 13 entidades federativas presentaron un incremento en su tasa de desocupación, donde el Distrito Federal y Querétaro mostraron los mayores incrementos y al mismo tiempo las tasas más altas de desocupación con 7.4 y 6.95 por ciento, respectivamente. Además, las tendencias reflejan que, si bien a nivel nacional la situación muestra una mejor perspectiva para los siguientes meses, en las zonas urbanas, que considera el agregado de 32 ciudades, la situación no muestra avances.
Al revisar las cifras de ocupación por ingresos, para el segundo trimestre del año en curso, comparado con el mismo periodo de 2013, se cancelaron más de 800 mil empleos de personas que ganaban más de 3 salarios mínimos, mientras que al mismo tiempo ha crecido la ocupación de aquellos que ganan entre 2 y 3 salarios mínimos.
De los aproximadamente 49 millones de personas que se encuentran ocupados, más de 6.5 millones perciben cuando mucho un salario mínimo, 12 millones entre uno y dos, y 10.9 millones de dos y tres, mientras que solo 3.3 millones perciben más de cinco salarios mínimos. En suma, el 60 por ciento de la población ocupada recibe máximo tres salarios mínimos, lo que en el mejor de los casos perciben cuando mucho cerca de 6 mil pesos mensuales. En una situación más crítica se encuentran aquellos que no obtienen ingresos: 3.8 millones de personas ocupadas en esta situación.
Además, el 40 por ciento de los ocupados cuenta con educación media superior o superior y el 39 por ciento con secundaria completa. Así, no es suficiente contar con un grado académico para poder garantizar su empleabilidad. Se tiene un mercado laboral en su mayoría informal y que es reflejo de la inequidad social existente; la distribución de los ingresos mediante los salarios así lo muestra, lo cual junto a que las mayores tasas de desocupación se encuentran en las personas con un mayor grado de educación, sintetiza la realidad del contexto económico y social que embarga al país.
Por lo expuesto, anota el IDIC, las condiciones descritas constituyen una limitante para el desarrollo nacional, puesto que el mercado laboral refleja que no es un factor de movilidad social y, por el contrario, perpetúa las condiciones de inequidad y pobreza de México. Lo anterior no solo representa un problema de carácter económico con consecuencias sociales sino un desafío cultural donde transformar la realidad del país es un imperativo impostergable.
Y sobre el mismo tema, el Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tec de Monterrey, campus estados de México, advierte sobre el crecimiento en la creación de plazas temporales. De enero a septiembre de 2014 el 30 por ciento de los empleos formales correspondieron a esa categoría, de tal suerte que la tasa anual de crecimiento de los empleos eventuales (186 por ciento) fue mucho mayor que la de los empleos permanentes (21.1 por ciento). Contar con una plaza laboral por tiempo determinado genera menos certidumbre económica comparada con los trabajadores cuyo puesto es permanente, lo cual restringe de cierta manera los hábitos de consumo, sobre todo el destinado a bienes durables.
De acuerdo con la información del IMSS, de enero a septiembre de 2014 se generaron 655 mil empleos formales, de los que alrededor de 200 mil fueron eventuales.
Las rebanadas del pastel
Parece que los consorcios mineros no quedaron satisfechos con el ecocidio perpetrado por Germán Larrea y su Grupo México en Cananea, por lo que mantienen abierta la llave de desechos tóxicos. Ahora le tocó a Sinaloa: alrededor de 10 mil 800 toneladas de material tóxico de la mina Dos Señores se filtraron al arroyo Chupaderos, que desemboca en el río Baluarte, en el municipio de Concordia, informa el corresponsal de La Jornada en aquella entidad, Javier Valdez Cárdenas, y detalla que funcionarios de Salud del municipio y del gobierno estatal convocaron a la población a no beber agua, bañarse ni consumir pescado del río Baluarte ni de arroyos en la región. La Profepa ya intervino, aunque aún no da a conocer qué tipo de contaminantes se derramaron, pero lo más extraño es que ninguna autoridad (federal, estatal y municipal) quiere ponerle nombre y apellidos a la empresa responsable.
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