En el contexto de la visita realizada por diputados federales a las instalaciones de la gasera Sempra Energy en Ensenada, Baja California –clausurada por las autoridades municipales en febrero pasado por irregularidades y violaciones flagrantes a la ley”–, los legisladores denunciaron que esa compañía opera, desde 2007, un puerto marítimo de altura y cabotaje sin las medidas adecuadas de seguridad y control –capitanía de puerto, aduana, sanidad y vigilancia con fuerzas federales, entre otras–, lo que representa –dijeron– un riesgo a la seguridad nacional.
Al margen de tales señalamientos –cuya gravedad tendría que derivar en un pronto esclarecimiento por parte de las autoridades competentes–, resulta por lo menos cuestionable que la compañía mencionada haya obtenido la concesión sobre dicho puerto en tiempos en que uno de sus ex empleados –el actual presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Téllez Kuenzler– ocupaba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT): en su calidad de titular de esa dependencia, en junio de 2007, éste firmó el permiso correspondiente a la operación del puerto referido a favor de Sempra Energy, no obstante haber pertenecido al consejo consultivo de esa compañía entre junio y diciembre de 2006, es decir, en los meses inmediatos anteriores a su incorporación al gabinete calderonista.
El evidente conflicto de intereses en que incurrió el ahora ex titular de la SCT constituye un elemento inaceptable, pero no sorprendente: Téllez Kuenzler forma parte de la generación de funcionarios y gobernantes carentes de sentido republicano y volcados a la enajenación de bienes públicos que aún detenta el poder, y representa, de manera proverbial, el oscuro y discrecional manejo gubernamental de los límites entre lo público y lo privado que ha imperado en el país por lo menos desde tiempos de Salinas de Gortari.
En el caso concreto de Sempra en Baja California, la opaca participación de Téllez complementa una cadena de irregularidades cometidas al amparo de los gobiernos estatales panistas de Eugenio Elorduy y José Guadalupe Osuna Millán, que han permitido a esa compañía operar en condiciones más que inaceptables: sin el cumplimiento de las medidas de seguridad adecuadas, con un permiso de uso de suelo y de construcción que, de acuerdo con la autoridad municipal de Ensenada, no fue avalado por el cabildo y es, por tanto, ilegal; en una zona de explotación turística, no industrial, y en circunstancias que plantean, en suma, una grave amenaza para el medio ambiente y para la población.
En un pleno estado de derecho, el empleo de potestades públicas para favorecer intereses privados no podría tener lugar o, en su defecto, sería sancionado conforme a la ley. Es en el contexto de una legalidad bastante maltrecha, como la que priva en el México contemporáneo, que estos episodios suelen ocurrir sin que haya mayor represalia para los participantes, a pesar de que provoquen un severo daño al interés público, y tal persistencia gravita en sentido contrario del pretendido afán legalista del grupo que detenta el poder.
