El 14 de julio la niña maya Juane Belem Rojas fue secuestrada en su propia casa de la comunidad de Morocoy, Quintana Roo, por una red de trata sexual. La Agencia Federal de Investigación (AFI) la rescató quince días después en Villa Hermosa, Tabasco.
En la capital mexicana, María, una niña chiapaneca tzeltal de 13 años, fue rescatada en un operativo realizado el 22 de mayo en el callejón de Manzanares de la Merced. María fue la víctima de menor edad del grupo de 61 mujeres liberadas de en el operativo.
Rebeca Ruiz Gómez, tzotzil de 16 años de edad, vendía artesanías con su abuela en la plaza de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El primero de mayo una familia que dijo vivir en Cuautitlán, Estado de México, le ofreció trabajo en el servicio doméstico y se la llevó. Ahora se ignora el paradero de Rebeca.
Teresa Ulloa, titular de la Coalición Regional Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, A.C. (CATW en sus siglas en inglés), considera que éstos casos son representativos del incremento en la trata de niñas indígenas en México con fines de explotación sexual y laboral.
El aumento de la trata indígena en México “es alarmante”, dice.
Ulloa explica que no hay investigaciones ni datos confiables de trata indígena en ninguna parte del país, pero de 60 casos que atiende ahora 10 por ciento son de niñas y mujeres indígenas, y las etnias representan un porcentaje menor en la población nacional (entre 7 y 10 por ciento).
Su lectura surge también de su investigación de campo titulada Revalorización de las mujeres indígenas de los Altos de Chiapas, realizada por CATW entre 2010 y 2011 y hasta ahora inédita.
Otras especialistas y activistas indígenas coinciden con Ulloa.
La diputada Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Especial contra la Trata de Personas, expone el caso de distintos ejidos del municipio de Tamuín, San Luis Potosí, en donde recientemente han secuestrado a niñas y a un niño pertenecientes “a 15 familias, muchas de ellas indígenas”.
La nahua Guadalupe Martínez, representante de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y de México en el centro del país, señala que cada vez se observan más casos de trata laboral o sexual “en pueblos mazahuas, otomíes, ñañus, mixtecos”.
Los mecanismos
Ana Elena Barrios, de la organización Enlace, Comunicación y capacitación, coautora de la investigación Sur inicio de un camino, que versa sobre los derechos de la población migrante centroamericana, opina igualmente ha aumentado la trata de niñas indígenas de Guatemala, Salvador y Honduras a México.
Asegura que la mayoría de ellas está en los 12 y 15 años de edad y son explotadas en la ciudad chiapaneca fronteriza de Tapachula, “uno de los puntos de prostitución más grande del mundo”. Advierte que hay nuevas rutas, más aisladas, para introducir centroamericanas a través de la zona de la Mesilla, del municipio Frontera de Comapala, Chiapas.
Este fenómeno a la alza es ignorado en México por discriminación racial y de género, opina América Martínez, de la Asociación para el Desarrollo Integral (APADI), que realiza campañas de salud sexual en sexoservidoras y contra la trata.
“No es lo mismo que secuestren al hijo de Alejandro Martí que a una niña indígena”, dice en referencia al secuestro y asesinato del hijo del empresario que movilizó al gobierno federal y local y a la sociedad en general.
Ulloa piensa que las niñas indígenas son más vulnerables a la trata porque muchas son monolingües, culturalmente son dóciles, pudieron ser víctimas de violencia intrafamiliar, y crecieron en poblados de extrema pobreza y marginación.
Su estudio se realizó en tres municipios chiapanecos: Chenalhó, San Juan Chamula y Oxchuc, conocidos por tener población mayoritariamente católica, con militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y con altos grados de alcoholismo.
La especialista dice que en estas poblaciones dominadas por el sistema patriarcal las mujeres no valen, por lo que aumenta la practica de venta de niñas por parte de sus padres.
Los compradores pueden ser hombres de la comunidad que migraron y ahora son enganchadores, o desconocidos que emborrachan a los padres o autoridades locales y van por niñas desde los ocho años de edad.
“El que busca sexualmente a estas niñas obviamente es mucho más violento, porque es una expresión absoluta de poder, donde ellas no tienen ninguna opción de defenderse, ni siquiera de usar condón”.
Refiere que en algunos casos la venta se realiza a través de un ritual de tres visitas en el que participan autoridades locales.
Los compradores llevan “rejas de refresco, pan, carne, y cada vez más se da una transacción en efectivo que va de 3 mil a 20 mil pesos”.
En un caso contrastante, destaca, las mujeres de las comunidades zapatistas chiapanecas exigieron en 1994 eliminar esa práctica ancestral en su Ley Revolucionaria de Mujeres “para que ellas elijan con quien casarse”.
Otro mecanismo de los enganchadores es el de enamorar a las adolescentes y prometerles casarse, y uno más el de ofrecer empleo fuera de la comunidad.
Dice que estas prácticas también se acostumbran en otros estados. Esas niñas terminan en prostíbulos de la región, son esclavas laborales o se trafica con sus órganos, por lo que también se les lleva a otros estados o incluso a Estados Unidos.
Ulloa observa que el incremento de este delito también se debe a “la llegada del crimen organizado a las comunidades indígenas” y a la fallida estrategia del Estado contra el narcotráfico.
En su opinión el narco recién descubrió en las niñas en general un potencial a explotar “porque no se les pone atención, y ya las empezaron a reclutar de halconas, sicarias, mulas o de esclavas sexuales, y eso es trata, porque al final las están usando para proteger su negocio”.
Igualmente responsabilizó del aumento de la trata infantil a la estrategia del Estado contra el narco: “generalmente donde se mueve el operativo conjunto hay más trata hacia ese lugar, más violaciones de mujeres, más consumo de prostitución, y más feminicidos”.
La respuesta institucional
Actualmente el Estado no cuenta con un modelo de atención a víctimas indígenas de trata.
Sara Irene Herrerías, titular de la Fiscalía Especial para los delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas (FEVIMTRA), dice que sin embargo “hay avances” en la Comisión intersecretarial para prevenir y sancionar la trata de personas, pues se realizan cápsulas preventivas que se difunden en lenguas indígenas en algunas comunidades.
La aprobación de la Ley General contra la Trata de Personas el pasado 3 de agosto es desatacada por la diputada Orozco, pues considera que además de sancionar con penas más graves a los victimarios, sí especifica la condición indígena.
Sin embargo, la coautora del libro sobre trata titulado Del cielo al infierno en un día, enfatiza que es importante homologar esa ley en todos los estados, pues actualmente sólo 16 tienen ley contra la trata.
Además piensa que esta ley no servirá si no se realizan operativos de rescate y se crean equipos interdisciplinarios para acompañar y proteger a las víctimas hasta el final del proceso.
Tampoco la ley servirá si no se sentencia a victimarios. Dice que en el país sólo en el Distrito Federal, Chiapas y Puebla se ha sentenciado a proxenetas.
“Existe la impunidad porque no hay sentencias, y porque en algunos estados estas son mayores por robarse una vaca que una niña”.
Rodolfo Casillas, autor del libro Me acuerdo bien…testimonios y percepciones de trata de niñas y mujeres en la Ciudad de México, precisa que antes de legislar y de establecer programas “hace falta reunir información pertinente sobre los efectos y consecuencias de la trata de personas en comunidades indígenas, y no se observa en el gobierno federal disposición alguna (presupuesto, programas, personal) para ello”.
