Sin acuerdo alguno concluyó la II Jornada Ciudadana por la Seguridad, como denominó el gobierno federal al encuentro entre los dirigentes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y la mitad del gabinete de Felipe Calderón, el viernes 14 durante seis horas.
A diferencia del primer encuentro entre Felipe Calderón y el MPJD, realizado el 23 de junio, al del 14 de octubre le antecedieron 90 días de mesas de trabajo entre representantes gubernamentales y los pares de Javier Sicilia, y pese a ellas lo hecho fue considerado como insuficiente, mas ahora ni siquiera fijaron fecha para otra reunión y la despedida entre ambos personajes apenas alcanzó para palmaditas en la espalda.
Atrás quedaron los abrazos y los rosarios como obsequio y testimonio del drama de miles de madres y padres que perdieron a sus hijos durante los casi cinco años de aplicación de la “estrategia de guerra” del general de cinco estrellas, criticada acremente por los oradores de la llamada sociedad civil, excepto los elogios de Isabel Miranda, invitada de Los Pinos junto con Alejandro Martí y sin consultar al MPJD.
La realización de la “segunda jornada” fue posible gracias a la insistencia de los dirigentes y activistas ante un gobierno que prefería quedarse con la imagen ganada por su jefe en la primera sesión del Alcázar del Castillo de Chapultepec, cuando dio abundantes lecciones de tolerancia, capacidad de improvisación y hasta sensibilidad ante el dolor humano.
Ahora varios activistas fueron despojados de las fotos de sus hijos desaparecidos o ejecutados por las bandas criminales o las fuerzas armadas, y ante la avalancha de críticas a las políticas que dejan como saldo más de 55 mil muertos, 10 mil desaparecidos y 230 mil desplazados de sus lugares de origen o residencia, calderón se apropió del micrófono en tres ocasiones, la última durante casi una hora, para refutar las múltiples críticas a su costosa y fracasada “estrategia de guerra” y los riesgos autoritarios y militaristas que corre México, donde ya florecen grupos paramilitares, lo que negó el michoacano de Morelia.
También negó categóricamente que “éste no es una Estado autoritario” porque si lo fuera “no estaríamos dialogando aquí”. Sólo él sabe que entiende por diálogo, porque tras el primero y segundo encuentros su “estrategia de guerra” no varió un ápice.
El desencuentro que selló de principio a fin la reunión fue anticipado desde el primer discurso en el que se subrayó la resistencia oficial a celebrar la reunión, la postura gubernamental de regatear hasta el nombre del MPJD durante los 90 días que duraron las mesas de trabajo con el argumento de que “en México no existe guerra y por tanto carece de sentido hablar de paz”, cuando fue el abogado, economista y administrador público quien la bautizó como “guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado”. Pero el miedo ante los tribunales internacionales no anda en burro.
Lo más relevante de la sesión es la confesión que hizo “el señor presidente” al explicar que la denominación de Fiscalía de Atención a Víctimas de los Delitos, en lugar de la violencia, como lo solicitó el MPJD, obedeció a que “no siempre desgraciadamente se hace, aunque ustedes no crean, lo que uno dice”. Con esta confesión, de no ser una mentira más de la retórica oficial, queda evidenciada la capacidad dirigente del titular del Ejecutivo federal, desobedecido por la Procuraduría General de la República.
Así se entienden muchísimo mejor los reveses y brutales excesos de la estrategia mexicana –made in USA– frente al crimen organizado, como que entre 11 y 12 por ciento de las pérdidas humanas son “daños colaterales”.