Eduardo Ibarra Aguirre (FORUMENLINEA)
“Vamos por El Chapo”, dijo Michele Leonhart, directora de la Drug Enforcement Administration, a Pascal Beltrán del Río -el director editorial, periodístico, pues los demás no saben del oficio, de Excélsior-, en una aseveración efectista contenida en una interesante entrevista que por obvia y sin respaldo en novedades sobre operativos en marcha, pocos le creen a quien dirige la DEA desde hace cinco años y labora en ella desde 1980.
Para empezar, Felipe González –el empresario de Aguascalientes que portaba arma de fuego hasta que lo descubrieron los colegas–, oportunamente le recordó a la veterana agente que “el propio presidente Felipe Calderón denunció que el narcotraficante había ingresado a EU, porque tuvo un hijo con una mujer que radicaba en ese país; sin embargo, no fue detenido”.
En efecto, la esposa más reciente de Joaquín Guzmán Loera, uno de los 200 hombres más ricos del mundo –de acuerdo a la revista Forbes que casualmente omite a otros capos y también a todos los políticos–, parió gemelos en un hospital de Los Ángeles, California, sin que exista ningún registro periodístico de que fue molestada por los hombres o mujeres de la DEA. Vamos, ni siquiera por los atrabiliarios agentes de la temida Border Patrol para, digamos, entregarle un ramo de claveles.
El otrora gobernador de Aguascalientes, por otra parte, es un destacado panista que preside la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores y quien sin mediar matices concluyó: “Si fuera cierto que la DEA está empeñada en atrapar a El Chapo no estaríamos batallando mucho”.
Si el titular del Ejecutivo federal, como recuerda González González, lamentó las facilidades con las que ingresó la joven esposa parturienta a Estados Unidos, entonces no hace falta reforzar con otras opiniones las múltiples dudas y abiertos cuestionamientos que formulan hombres y mujeres del poder sobre la tolerancia y hasta cobijo que brinda Washington al principal corporativo criminal azteca, La Federación o cártel de Sinaloa que controla el Pacífico mexicano y buena parte de Centroamérica, en disputa abierta por las vías de tránsito con Los Zetas, “su contraparte en el Oriente del país”, como lo describe el grupo de análisis estadunidense Stratfor.
La hipótesis que podría explicar, pero de ninguna manera justificar, la conducta de Washington, consiste en que para su estrategia al sur del rio Bravo, resulta más viable combatir y/o negociar –de acuerdo a las necesidades geopolíticas– con un poderoso corporativo del crimen organizado que con dos, y una docena de bandas importantes pero de mucho menor calado.
Con la anterior hipótesis simpatizan varios de los arquitectos de la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, decretada en forma autocrática en diciembre de 2006. Ello explicaría más que la existencia de un “cártel consentido” por Los Pinos, como atribuyeron a los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, una concepción estratégica de manufactura estadunidense que es debatible, por supuesto, pero que va mucho más allá de un nexo lineal entre el primer círculo gubernamental y los capos que, no se olvide, son sólo los operativos. De los financieros y bursátiles prácticamente se sabe nada, que no sean presunciones y extendidos dichos.
Lo que documentado está es que el más que redituable negocio de las drogas ilícitas y anexas –piratería, tráfico de órganos y de seres humanos, trata de personas, pornografía, secuestro y derecho de piso– mueve más de 800 mil millones de dólares al año, cifra descomunal que supera a la venta del petróleo, pero que es inferior al más que criminal pero lícito negocio de las armas que encabeza Estados Unidos.
Cartones Internacionales.
