Carlos Fernández-Vega (La Jornada).
En eso de revisar por qué las cuentas no cuadran”, sería un delito de lesa patria dejar fuera el generoso financiamiento público federal a los partidos políticos y los abultados presupuestos autorizados a la trinca de las llamadas instituciones electorales (IFE, TE y Fepade), quienes bajo el pretexto de que “la democracia es cara, si quiere mantenerse como tal y alejada de manos extrañas”, se sirven con la cuchara más grande que encontraron. De las arcas nacionales salen multimillonarios recursos públicos que van a parar a empresas políticas (los autodenominados partidos, controlados y usufructuados por una camarilla) y a los organismos (dominados por quienes los partidos deciden) que supuestamente se dedican a “vigilar y garantizar la correcta aplicación” de la ley en la materia.
Y sí, la democracia mexicana ha resultado carísima por las dos vías: la financiera –expoliación del erario– (lo que de cualquier forma no canceló la “inyección” de recursos por otras vías ni la descarada participación de “manos extrañas”) y la ostentosa falta de resultados (económicos, sociales y políticos, es decir, el costo-beneficio por el dinero utilizado contra los resultados ofrecidos), y una democracia sin los segundos no garantiza. Oficialmente, el proceso electoral 2012 costará a la nación alrededor de 15 mil millones de pesos (entre financiamiento a partidos políticos y presupuesto para instituciones electorales), monto que –según dicen– “garantiza” elecciones “limpias” y “equitativas”. Con base en ese presupuesto, el costo por voto potencial será de 178 pesos (padrón con 84 millones de electores), aunque, dada la tradición, se estima que el abstencionismo sería de 40 por ciento, con lo que el costo por voto efectivo se elevaría a 300 pesos (con una participación de 60 por ciento de los electores, algo así como 50 millones de personas), sin considerar “apoyos” privados e inyección de recursos por parte de “manos extrañas”.
De acuerdo con información de la Cámara de Diputados, esos 15 mil millones de pesos para 2012 (alrededor de 83 por ciento de esa cantidad es para partidos e IFE) son un monto tres veces mayor al presupuesto anual de la Secretaría de la Reforma Agraria, al de Turismo en el mismo periodo; cuatro con respecto del autorizado para la Secretaría del Trabajo; cinco si la referencia es la Secretaría de Energía y nueve contra el de la Secretaría de la Función Pública. Resulta ligeramente superior al de la Procuraduría General de la República y equivale a casi 70 por ciento del aprobado para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por citar sólo algunos ejemplos. De ese tamaño es lo que ellos mismos denominan “costo de la democracia”, aunque en éste nunca incluyen la carencia de resultados favorables para el país.
Pero no sólo en el año citado “no cuadran las cuentas”. En el periodo 2000-2012, de las arcas nacionales (léase de los bolsillos de los mexicanos) salieron 168 mil millones de pesos para financiar empresas (partidos) políticas e instituciones electorales (IFE, TE y Fepade), porque así lo establece la ley, es decir, la gruesa rebanada presupuestal que, por medio de sus congresistas, los partidos políticos aprobaron para sí mismos y para la trinca cada día menos ciudadanizada y controlada por las propias empresas citadas. En números cerrados, de ese total 41 mil millones han sido para los propios partidos políticos; 109 mil para el Instituto Federal Electoral; 17 mil para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y mil 300 para la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
Un río de dinero, pero, como se ha comentado en este espacio, ¿los partidos políticos y las instituciones electorales realmente valen el oro que los mexicanos gastan en ellos? No, desde luego, pero el problema es que son los propios partidos, por medio de sus representantes (de ellos, no de los ciudadanos) en el Legislativo y con el aval del Ejecutivo, quienes deciden cuánto, cómo y en qué se gasta el dinero de la nación. Así, ellos decidieron para 2012 el financiamiento público para los siete partidos políticos con representación en el Congreso sería de 5 mil 209.6 millones de pesos, de los que el PAN se quedó con mil 316.83 millones, el PRI mil 665.46, el PRD 699.81, el PT 366.1, el PVEM 485.17, el Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) 319.48, y Elba Esther, vía Panal, 356.79.
Lo anterior sólo para el presente proceso electoral. De 2000 a 2012, la danza de los millones, el financiamiento público, supera los 41 mil 273 millones de pesos, de los que 10 mil 991.8 millones fueron para el PAN, 11 mil 632.3 para el PRI, 6 mil 268.1 para el PRD, 2 mil 891.9 para el PT, 3 mil 555.5 para el PVEM, 2 mil 507.2 para Convergencia-Movimiento Ciudadano, y mil 530.5 para la maestra vía Panal. Todos ellos se quedaron con un total de 39 mil 377.3 millones. La diferencia (mil 896.1 millones) corresponde a las nueve empresas políticas que en el periodo se quedaron en el camino al no alcanzar el porcentaje de votación requerido o perder su representación en el Congreso.
Tales empresas privadas con disfraz de partido político se quedaron en el camino (2000-2009), pero se embolsaron mil 896.1 millones de pesos (5.3 por ciento del financiamiento público total para estas lucrativas actividades). Esos consorcios, que no obtuvieron el 2 por ciento de la votación general necesario para mantenerse prendidos al presupuesto, fueron: Partido del Centro Democrático, que obtuvo 54.8 millones de pesos; Partido de la Sociedad Nacionalista, 441.1 millones; Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, 53.6; Partido Alianza Social, 433.7; Democracia Social, 54.6; Partido Liberal Mexicano, 97.7; México Posible, 97; Fuerza Ciudadana, 95.4; y Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, 568.3.
Entonces, ¿está desempleado?, ¿no le alcanza el salario?, ¿es de familia numerosa? Ya está: funde un partido político y péguese a la ubre presupuestal, que de todas maneras no hay que rendir cuentas ni ofrecer resultados.
Las rebanadas del pastel
Aferrado, pasándose por el arco del triunfo todas las resoluciones judiciales, el gobierno calderonista se niega a retirar de Interpol la llamada “ficha roja” en contra del líder minero Napoleón Gómez Urrutia, no obstante que en tribunales fue declarado inocente y, por lo mismo, desechadas todas las acusaciones (11 en total) que en su contra presentaron Fox, Calderón y los barones de la minería. Por tal razón, al dirigente se le negó el ingreso a Copenhague, Dinamarca, donde participaría, junto con mil 400 delegados internacionales, en la fundación de la IndustriALL Global Union, de la que es integrante de su comité ejecutivo.
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Cartones Internacionales.
