Editorial del Diario La Jornada.
Las fracciones parlamentarias de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal) aprobaron una serie de modificaciones a la Ley Federal del Trabajo que legaliza, entre otras prácticas, los contratos a prueba, el outsourcing o subcontratación de personal y el pago por hora. Tales modificaciones, en caso de que sean aprobadas también por el Senado de la República, implican para los asalariados un estado de desprotección aún mayor que el que padecen en el contexto actual, caracterizado por décadas de políticas de contención salarial, tolerancia a las mafias sindicales y a los sindicatos blancos, desmantelamiento y saqueo de las instituciones de bienestar y seguridad social y contracción económica sostenida.
Desde ese punto de vista, la reforma legal referida representa una culminación de las políticas neoliberales aplicadas durante cuatro sexenios consecutivos; refrenda la hegemonía que ejercen los intereses patronales y antilaborales en el conjunto de las instituciones y de la clase política, y confirma que los principales órganos del Estado han renunciado a su condición de árbitro entre las fuerzas sociales y productivas para decantarse abiertamente por un desempeño gerencial y proempresarial.
Uno de los argumentos centrales para aprobar la reforma laboral ha sido la necesidad de impulsar la competitividad y la productividad en la economía nacional. Cabe preguntarse, sin embargo, si es dable esperar mayor productividad y competitividad de una fuerza de trabajo debilitada, despojada de garantías y conquistas y librada a la persistencia de dirigencias sindicales mafiosas. Asimismo, es inevitable dudar que la economía del país pueda ser más competitiva y productiva si en vez de fortalecerse su mercado interno se abre un margen adicional a la explotación desmedida y con ello se reduce a una buena parte de los trabajadores a la condición de consumidores de mera subsistencia.
En contraste con la cohesión y la solidez exhibidas ayer en la Cámara de Diputados por este frente antipopular, las izquierdas partidistas y las organizaciones sociales no fueron capaces de articular una política de resistencia eficaz para oponerse a las modificaciones mencionadas, en la que convergieran el trabajo parlamentario y las movilizaciones. Cabe preguntarse si lo lograrán y si podrán ejercer sobre el Senado la presión necesaria para impedir que la reforma sea aprobada en sus términos actuales y para inducir formas de consulta ciudadana que habrían debido realizarse antes de desajustar una de las piezas fundamentales de la legislación y de poner en riesgo, de esa manera, la armonía social y política del país.
