Editorial del Diario La Jornada.
Se cumplieron ayer 15 años de que un grupo de paramilitares de filiación priísta asesinaran en la localidad tzotzil de Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, a 45 personas –mujeres, hombres y menores– y otras 26 resultaron heridas. En aquel momento, el gobierno de Ernesto Zedillo intentó presentar la atrocidad como consecuencia de un conflicto intercomunitario y hasta por la disputa por un banco de arena, pero organizaciones nacionales y extranjeras demostraron que había sido, en realidad, un episodio inscrito en la estrategia de contrainsurgencia aplicada por el Ejecutivo federal contra las comunidades zapatistas, que los criminales recibieron entrenamiento y armas por parte de efectivos militares regulares y que las corporaciones policiales federal y estatal no hicieron nada por impedir la masacre.
La impunidad, a lo largo de los tres lustros transcurridos desde entonces, ha sido casi total. En diversas instancias internacionales Zedillo ha sido sujeto de acusaciones por crímenes de lesa humanidad, pero el gobierno de Felipe Calderón le tramitó un estatuto de inmunidad ante las autoridades de Estados Unidos, país de residencia del ex mandatario; Emilio Chuayffet, por entonces secretario de Gobernación, y responsable directo del incumplimiento gubernamental de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, se vio obligado a dimitir, pero no fue ni siquiera investigado, y hoy despacha como secretario de Educación Pública; tampoco se investigó la presunta responsabilidad del ex gobernador chiapaneco Julio César Ruiz Ferro, de Jorge Madrazo Cuéllar, procurador federal en aquel tiempo, ni del general Mario Renán Castillo, a la sazón responsable de la Séptima Zona Militar, ni del que se desempeñaba como secretario de Defensa, el general Enrique Cervantes Aguirre (quien sí ha sido investigado, en cambio, por su presunta participación en el asesinato de 22 campesinos, en el contexto de la guerra sucia de los años 70 del siglo pasado). La lista no es, por supuesto, exhaustiva.
En cuanto a los autores materiales de la masacre, varias decenas de ellos fueron juzgados, sentenciados y encarcelados. En 2009 un grupo de operadores judiciales y académicos del régimen consiguió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejara en libertad a 26 de los condenados –con el argumento de que las autoridades habían cometido graves irregularidades en el proceso–, en lo que fue considerado no sólo un nuevo agravio a las víctimas y a los sobrevivientes, sino también un riesgo grave para los segundos.
Desde el 22 de diciembre de 1997 han transcurrido, en suma, tres lustros de impunidad. De esa forma sale a la luz el pacto de complicidad que recorre los sexenios sin distinción entre priístas y panistas, y que ha hecho imposible, hasta ahora, el ejercicio de la justicia para crímenes de Estado como la matanza del 2 de octubre de 1968, la guerra sucia impulsada por los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, los asesinatos políticos perpetrados durante el salinato, las masacres campesinas toleradas o auspiciadas por el gobierno de Zedillo –de las que Acteal fue quizá la más grave, pero no la única– y de la masiva violación a los derechos humanos en el contexto de la guerra contra la delincuencia declarada por Felipe Calderón.
El gobierno que inició el 1° de diciembre tiene, con el expediente de Acteal, una oportunidad para demostrar que no representa al PRI de siempre: bastaría con que emprendiera un esclarecimiento verosímil de las responsabilidades de los altos mandos que operaban hace 15 años en los ámbitos federal y estatal, que retirara la inmunidad concedida a Zedillo y que permitiera, en su caso y en los de otros, la actuación libre e irrestricta del Poder Judicial y de instancias internacionales de justicia.
