Carlos Fernández-Vega (La Jornada)
En esta república de discursos es común que las urgencias verbales no vayan de la mano con las reales. Por ejemplo, en un alarde de capacidad negociadora, apenas 24 horas después de su toma de posesión el nuevo gobierno firmó el Pacto por México con las fuerzas opositoras (así se autodenominan) y, de la mano, hicieron públicos 95 compromisos de apremiante aterrizaje, pues el siguiente paso de la democracia mexicana es la creación de una sociedad de derechos que logre la inclusión de todos los sectores sociales y reduzca los altos niveles de desigualdad que hoy existen entre las personas y entre las regiones de nuestro país.
Se oye muy bien, pero hasta ahora la sincronización de las urgencias verbales con las reales se ha limitado a la llamada reforma modernizadora de Petróleos Mexicanos, que privatizará, sin privatizar, el oro negro nacional, aderezada con la Cruzada Nacional contra el Hambre (que no cuenta con recursos propios) y algunos buenos deseos sobre una hipotética reforma fiscal de gran calado, que hasta ahora lo único que ha provocado es una sonora carcajada del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.
Los demás compromisos prioritarios pueden permanecer en el refrigerador, como en el caso de la oferta número 61 del citado pacto, que prevé la aprobación de una nueva ley de explotación minera para transformar la minería en una industria eficiente y socialmente responsable y que los pingües beneficios que genera incluyan a los habitantes de las zonas donde ésta se establece. Sesenta y cuatro días después de la citada firma, de este vital asunto ninguno de los abajo firmantes ha dicho una sola palabra.
¿Será que el gobierno federal y las fuerzas opositoras (léase los abajo firmantes) de plano no pueden atender más de un asunto a la vez? ¿O que los barones de la minería, raudos y efectivos que son, ya movieron sus hilos para borrar del mapa cualquier intento de alterar el generoso marco legal que les obsequió Salinas de Gortari y les refrendaron, con creces, Fox y Calderón? Ambos supuestos son válidos, especialmente el segundo.
De acuerdo con el calendario de reformas ligadas al Pacto por México, a estas alturas cuando menos se habría divulgado un esbozo de la nueva ley minera, toda vez que su presentación formal ante el Congreso está prevista para el primer semestre del presente año. Pero el hecho es que los abajo firmantes están concentrados en los estires y aflojes del asunto energético (privatizar sin privatizar Pemex), dejando para mejor ocasión el tema de la explotación minera, en manos de los voraces consorcios que por cortesía de las concesiones federales se quedan con la riqueza que, se supone, es de la nación.
Parece que no llevan prisa, pero la hasta ahora verbalmente urgente nueva ley de explotación minera es urgente de verdad, de vital importancia para el país, y no sólo porque uno de los mayores filones de riqueza lo acaparan unas cuantas empresas nacionales y foráneas sin mayor beneficio para la nación, sino porque los estados saqueados, y obvio es que sus habitantes, nada reciben de ese descomunal tesoro, aunque sí un daño ecológico irreparable y relaciones laborales dignas del porfiriato, no sin la decidida colaboración de las supuestas autoridades.
Se registra explotación minera en prácticamente toda la geografía nacional, y los gobiernos locales nada pueden hacer porque el asunto es de carácter federal, y en este contexto los legisladores voltean a otro lado cuando se les exige la revisión de las concesiones mineras. En el mejor de los casos, los consorcios entregan al gobernador en turno un miserable cheque (riguroso acto mediático de por medio) para taparle el ojo al macho y presumir importantes contribuciones adicionales a la economía nacional, así como obras de infraestructura tales como escuelas, caminos, hospitales, para el suministro de energía eléctrica y agua, entre muchos otros (versión de la Cámara Minera de México).
El compromiso de los citados abajo firmantes en el asunto que se comenta es la expedición de una nueva ley para la explotación minera que revise el esquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados a la producción. Los recursos emanados de estos derechos se aplicarán prioritariamente en beneficio directo de los municipios y comunidades donde se establezcan las explotaciones mineras. Se llevarán a cabo mecanismos de concertación para respetar las tradiciones y la cohesión social de las comunidades en cuestión. Se prohibirá la explotación minera del carbón mediante tiros verticales, en tanto no se garantice la plena seguridad de los trabajadores mineros que eviten las tragedias que han sucedido en este sector.
Sin embargo, la siempre adelantada Cámara Minera de México (la cara pública de los barones del sector) desde antes pintó su raya, y en su informe 2012 advierte lo siguiente: “se preparó un estudio sobre la imposición de un eventual derecho a la producción minera considerando todos los elementos: objeto, no objeto, exenciones, sujetos, base, momento de causación, acreditamiento, tasa, declaración, época de pago, deducción, estímulos fiscales y vigencia y se concluyó la inviabilidad de tal derecho. Paralelamente se estudió otro esquema basado en las regalías mineras vigentes en Perú y Chile, concluyéndose igualmente su inviabilidad en México…”.
En otras palabras, la respuesta adelantada de la Camimex a la eventual promulgación de una nueva ley minera promovida por el Pacto por México es igual y de la misma dimensión a la que dio el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios a la reforma fiscal de gran calado: si saben contar, no cuenten con nosotros.
Así, entre retrasos y olvidos, entre urgencias verbales y reales, Enrique Peña Nieto debe demostrar si en realidad es el presidente de la República, o, como sus cinco antecesores en Los Pinos, se limita a fungir como gerente de los barones de la minería, entre otros.
Las rebanadas del pastel Qué alivio: ¡ya apareció Carlos Romero Deschamps! (aunque en el Senado), y lo hizo para mostrar lo mejor que sabe hacer: administrar plazas laborales a discreción: “donde murió el papá o la mamá (en el edificio B-2 de Pemex) vamos a proponer que trabajen de manera definitiva el hijo o la hija para que sean ellos los que se hagan cargo de la familia que se quedó sin sustento. Es lo más que podemos hacer ante una tragedia de esta magnitud… Mi obligación es estar pendiente de los casos” (La Jornada, Andrea Becerril y Víctor Ballinas).
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