Carlos Fernández-Vega (La Jornada)
Podría tratarse de una nueva finta, de otra ofensa –particularmente para los deudos, pero también para el país–, pero el hecho es que el gobierno peñanietista parece estar dispuesto a reabrir las investigaciones en torno al homicidio industrial perpetrado siete años atrás en la mina Pasta de Conchos –propiedad de Germán Larrea y su Grupo México– y realizar un nuevo peritaje para determinar si es factible rescatar los restos de los 63 mineros que se mantienen bajo toneladas de escombros.
Para salir del paso, palabras más o menos, esa fue la oferta que en su momento hicieron las cabezas visibles (Fox y Calderón) de la decena trágica panista, y repitieron los seis secretarios de Gobernación y los tres del Trabajo involucrados en los casi siete años que transcurrieron entre la explosión en Pasta de Conchos (19 de febrero de 2006) y el día en que felizmente los blanquiazules dejaron Los Pinos (30 de noviembre de 2012).
Como es conocido, la oferta fue rotundamente incumplida, y en los hechos lo único que hicieron los dos gobiernos panistas fue proteger y ampliar generosamente los intereses del citado consorcio minero y de su dueño, el tal Larrea, mientras a golpe de billetazos, amenazas, agresiones y acciones legaloides intentaron, fallidamente, doblegar a las familias de los mineros muertos y al sindicato del ramo. Los gobiernos –por llamarles así– de Fox y Calderón, de la mano de Grupo México y Germán Larrea, se lavaron las manos, manipularon la información y encubrieron a los responsables.
De hecho, hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (seguimiento de recomendación 26/2006, mediante oficio 54063 del 11 de noviembre de 2009, es decir, tres años y siete meses después de la explosión en la mina), con José Luis Soberanes al frente de la institución, declaró insatisfactorio el cumplimiento por parte de la Secretaría del Trabajo (con Javier Lozano como titular), de la citada recomendación, especialmente en el punto relativo a la indemnización de los deudos de Pasta de Conchos.
Así se comportó el gobierno panista (con sus dos caretas) a lo largo de casi siete años: por un lado, dando largas y más largas a los deudos, y pretextando cualquier cantidad de sandeces para evitar castigo a los responsables de la explosión y, por el otro, garantizando impunidad plena y cumpliendo todos los caprichos y excesos de Grupo México e hinchando a Germán Larrea de concesiones mineras y demás jugosos negocios que a este barón le permitieron incrementar su fortuna (la documentada por Forbes) en la nada despreciable proporción de mil 400 por ciento entre el inicio de la administración foxista y el final de la calderonista.
Es este el contexto que debe evaluar el gobierno de Enrique Peña Nieto a la hora de tomar decisiones (y se espera que realmente lo haga) en torno a Pasta de Conchos y los nefastos personajes involucrados, quienes si bien no son los únicos, sí son representativos del atraco a la nación y su permanente ofensa a la ciudadanía. Por este lado bien podría aterrizar uno de sus compromisos de campaña, en el sentido de acabar con los poderes fácticos. Y la prometida nueva ley minera puede ser el inicio para que el gobierno mexicano deje de actuar como gerente de los grupos de poder económico, y los secretarios del Trabajo como capataces del gran capital, como el hoy senador Javier Lozano comprenderá.
Ayer en Saltillo, Coahuila, el secretario peñanietista del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, informó que la dependencia a su cargo “pidió a la Procuraduría General de la República revisar las condiciones de la mina Pasta de Conchos, donde hace siete años murieron 65 obreros –solamente los restos de dos fueron recuperados–, para determinar si es posible reanudar los trabajos de búsqueda y rescate de los 63 restos humanos que están atrapados. El nuevo peritaje va a determinar si técnicamente es factible poder o no entrar a esa mina y si hay riesgo para vidas humanas de intentarlo hacer, y en ello están de acuerdo las familias de los trabajadores muertos” (La Jornada, Leopoldo Ramos, corresponsal).
Navarrete Prida detalló que la petición ya la hice por oficio a la Procuraduría General de la República (para que determine) si es posible hacer un nuevo peritaje que nos permita conocer con exactitud las condiciones técnicas que guarda en este momento la mina y saber qué es lo que podemos o no hacer como gobierno entrante. El gobierno federal que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto expresa una vez más sus condolencias a los familiares de los mineros por esta tragedia que ocurrió ya hace varios años.
Lo anterior fue confirmado por familiares de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos, quienes detallaron que ayer mismo les confirmó que el subprocurador de Derechos Humanos de la propia PGR, Ricardo García Cervantes, certificó el oficio OS/057/13 dirigido al procurador general de la República pidiendo evaluar las posibilidades de reabrir el caso.
El titular de la STPS también informó que el gobierno federal impulsa una estrategia para reducir hasta desaparecer por completo la extracción de carbón en pozos o minas verticales. Además de inseguros, los pocitos de carbón son atractivos para la incursión del narcotráfico en la industria minera. Lo que estamos haciendo es seguir con la iniciativa que presentaron diputados priístas para prohibir el trabajo en pozos de carbón y que se cumplan las normas oficiales mexicanas que sobre este particular existen para que se garantice la seguridad de los trabajadores en las minas.
Como se comentó ayer en este espacio, públicamente los gobiernos de Fox y Calderón se comprometieron a investigar a fondo qué sucedió, castigar a los responsables, no cerrar la mina hacer todo lo posible para que los cuerpos sean rescatados y tengan cristiana sepultura y no solapar a ningún servidor público que pudiera estar involucrado, ni tapar a ningún personaje, por más importante que sea. En los hechos, hicieron todo lo contrario. Por ello, es hora de que la autoridad se comporte como tal y proceda en consecuencia. Los hechos legitiman; los discursos no.
Las rebanadas del pastel
Y si de pendientes de la justicia se trata, ahora que sus intereses se ven severamente afectados por la gripe aviar, habrá que ver si la familia Robinson Bours (la del ex gobernador de Sonora, Eduardo, durante los trágicos sucesos de la guardería ABC) también duerme como un bebé con la masiva matanza de sus pollos infectados.
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