Carlos Fernández-Vega (La Jornada)
Los mexicanos son lerdos en estos menesteres y, por lo mismo, de inmediato les surgió la duda: si la intención gubernamental nunca ha sido privatizar a Pemex, porque la paraestatal no se vende ni se privatiza (Peña Nieto dixit); si ni el Presidente de la República ni ninguno de los integrantes del gobierno han hablado de privatizar Pemex ni mucho menos privatizar las reservas petroleras o de gas que tiene México (Videgaray dixit); si niego enfáticamente que exista algún propósito de privatizar Pemex, (porque) eso simplemente no se encuentra en los planes del gobierno (Pedro Joaquín Coldwell) y si, en síntesis, en Pemex se impulsa la modernización, no la privatización (Emilio Lozoya dixit), entonces ¿para qué carajos el inquilino de Los Pinos y su séquito promueven cambios constitucionales necesarios para darle certeza a los inversionistas privados?
¿Certeza de qué?, si la Constitución, en su artículo 27, es más clara que el agua: “tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva…” Entonces, ¿qué certeza pretenden otorgarle a quienes, por ley, están impedidos a participar en los referidos menesteres?, pues la ley ordena que el ciento por ciento del sector energético nacional, y de forma exclusiva, pertenece al Estado.
Durante su estancia en Londres, el presidente Peña Nieto concedió una entrevista al Financial Times, al que le dijo que “en dos o tres meses se presentará la reforma a Petróleos Mexicanos… la necesidad de modernizar Pemex se acordó en el marco del Pacto de México, y la reforma incluiría los cambios constitucionales necesarios para darle certeza a los inversionistas privados… me comprometo a seguir adelante con una transformación fundamental de Pemex, aunque hay diferentes opciones respecto a cómo deberá ser la reforma, pero estoy seguro que será trascendental…”. Y prometió la reforma para antes de septiembre.
Eso fue lo que expresó al citado rotativo, pero después parece que le asustó su propia declaración (aquello de los cambios constitucionales necesarios para darle certeza a los inversionistas privados), porque en conferencia de prensa con los medios mexicanos empezó a repartir culpas: “solamente recordar que es un punto que está inscrito en el Pacto por México. Todos los partidos políticos y el gobierno de la República coincidimos en temas fundamentales: primero, que el Estado debe mantener la propiedad de los hidrocarburos, la rectoría de esta empresa, que es de todos los mexicanos, y que debemos explorar los mecanismos que hagan posible ampliar la capacidad productiva de Pemex a través de la participación del sector privado… se está evaluando si la reforma energética será constitucional o a la legislación secundaria”.
Eso dijo, pero en el texto del Pacto por México en ninguna parte aparece la sagrada frase neoliberal “…a través de la participación del sector privado…”. Lo que sí surgió de inmediato fue el ridículo intento de deslinde de la empresa Chuchos SA, emotiva abajo firmante pactista: nuestro partido (sucursal de la otra empresa) impedirá a toda costa la privatización de la industria petrolera, porque, dijo, eso no lo firmamos. Lamentablemente para ellos, el inquilino de Los Pinos les puso tremenda encuerada, como si hiciera falta.
Durante su periplo británico, el presidente Peña Nieto siguió la tradición: vender al país en los foros internacionales, y poner el petróleo en bandeja de plata a los grandes inversionistas foráneos privados que quieran entrarle, por mucho que la oferta sea anticonstitucional. Así, refrendó la pasión de los mandatarios neoliberales autóctonos, desatada desde, cuando menos, los tiempos de Ernesto Zedillo, y puntualmente suscrita por el inenarrable par de la docena trágica blanquiazul.
Parte fundamental del problema es la forma por demás vergonzante en la que el nuevo gobierno, como antes los panistas, y previo a éstos los propios priístas, pretende aterrizar lo que llama reforma energética. Mucho discurso patriotero, auto desmentidos y puntualizaciones, todas las justificaciones para no hablar claramente sobre cuál es su propuesta real y concreta, cuáles serían las modificaciones legales que plantearán y hasta dónde tendría entrada el capital privado. Todo se hace bajo la mesa, y cuando alguien patina –como ayer lo hizo el propio Peña Nieto–, salen a corregir la declaración, y lo único que logran es embarrase un poco más.
Sin duda, las tres empresas políticas citadas por el inquilino de Los Pinos (PRI, PAN y PRD) han hecho su trabajo. La primera, de listones tricolores, moldeó, a gusto del nuevo cliente, la declaración de principios; los blanquiazules empujan decididamente las iniciativas de Peña Nieto con ostentosa factura en la mano, y los chuchirridistas hacen lo propio con el bolsillo abierto, pero negándolo todo. Bonito Pacto por el bien de México.
El hecho es que Enrique Peña Nieto una vez más patinó y dijo lo que no quería decir, porque no estaba en el libreto, aunque todo el mundo lo supiera: que el único fin de la reforma energética es privatizar; que para ello habrá modificaciones constitucionales; que los grandes corporativos mexicanos y las trasnacionales del ramo se servirán con la cuchara grande, como en tantos otros sectores de la economía doméstica, y que, en síntesis, a quien no le guste, pues que se aguante, y si no se ya sabe dónde puede ir. Ustedes dicen si se aguantan o se van.
Las rebanadas del pastel
¡Qué lástima! Otro ídolo nacional que se derrumba por no respetar, ni de lejos, uno de sus apotegmas (con 6 mil pesos se vive de maravilla, coche y colegiatura privada incluidas, y ya entrados en gastos viajes al extranjero marca clasemediero). Se trata del carismático Ernesto Cordero, hoy agarrado de la ubre senatorial, a quien le descubrieron una nómina personal (con dineros de la nación, desde luego) por 2.4 millones de pesos mensuales para el pago de sus 41 asesores (así le llaman ahora a los aviadores, entre ellos quien fuera el primer cuñado de la nación, el siempre agradable Juan Ignacio Zavala, hermano de Margarita), es decir, casi 59 mil pesos promedio por cabeza cada 30 días.
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