Arnaldo Córdova (La Jornada)
Cárdenas era un estadista y, como tal, tenía y sostuvo toda su vida una opinión reservada sobre los empresarios privados. Durante su gobierno tuvo continuos enfrentamientos con ellos y le mostraron los peores lados de su idiosincrasia: falta de convicciones sobre la función social de sus empresas, falta de compromiso con los más altos intereses de la nación y de su pueblo, el egoísmo de sus fines en sus actividades, su ausencia de interés en la solución de los problemas de las masas y, sobre todo, su voracidad insaciable, que ponía en permanente riesgo el bienestar de todos.
De sus convicciones nacionalistas nadie se ha atrevido a dudar hasta hoy. Pero ahora resulta que, con su iniciativa de reforma energética, Peña Nieto pretende convertirlo en adalid de la causa de los privados en el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, en particular, energéticos. El presidente priísta se funda para ello en la Ley Reglamentaria del 27 constitucional de noviembre de 1940, que permitía, en su artículo 7, la celebración de contratos con los particulares para llevar a cabo por cuenta del gobierno federal trabajos de exploración y explotación del petróleo.
La iniciativa peñista, con toda la desvergüenza del mundo, afirma basarse en las ideas fundamentales de las reformas del presidente Cárdenas consecuentes con la expropiación petrolera de 1938 y, también, que retoma los fundamentos cardenistas y dará al país un mayor impulso para aprovechar sus recursos energéticos. La reforma, hay que decirlo de entrada, se reduce a redefinir lo que siempre ha sido un quebradero de cabeza para los privatizadores: los contratos con los privados y que ahora se les llama de utilidad compartida. En qué consistirán y qué alcance tendrán, no nos lo dice y ni siquiera se menciona en el texto propuesto para los artículos 27 y 28 de la Constitución.
En la exposición de motivos se exalta la eliminación de la prohibición de los contratos en el párrafo sexto del citado artículo 27 y se afirma que generará un marco constitucional idóneo para que, conforme más convenga a los intereses de la nación, el Estado pueda aprovechar las aportaciones de terceros para complementar a sus organismos, como lo es Petróleos Mexicanos, a través de contratos eficientes que alineen los incentivos de los contratistas con los del Estado, en las actividades inherentes a la explotación y extracción de dichos recursos, tal y como lo marcaban el espíritu y letra de las reformas realizadas por el presidente Lázaro Cárdenas.
Para Peña Nieto y quienes le hicieron la iniciativa, Cárdenas es un verdadero apóstol de la privatización, que brama por la participación de los empresarios en la explotación de nuestros recursos naturales. Sólo que Cárdenas no creía en la eficacia de los privados. Pensaba, ni duda cabe y eso nunca se ha ocultado, que haría falta que la empresa nacional recibiera el concurso de los particulares, porque tenían dinero y el dinero siempre es escaso. Pero ni por asomo pensaba que toda clase de privados pudiesen con la tarea.
Fue por eso que, en el artículo 9 de la citada Ley Reglamentaria del 27, se estableció: Los contratos de que hablan los artículos anteriores, sólo podrán celebrarse con nacionales o con sociedades constituidas íntegramente por mexicanos. No podrán concertarse en ningún caso con sociedades anónimas que emitan acciones al portador. Peña Nieto y sus contlapaches se han cansado de aclarar que quieren a todos los particulares, nacionales y extranjeros y que no les asusta que las grandes transnacionales participen en el negocio de los energéticos. Lázaro Cárdenas volvería a morirse si reviviera por un instante.
Pueden revisarse los documentos constitucionales y legales sobre la materia y podrá constatarse que los contratos a los que se hace referencia hasta antes de los cincuenta son simplemente contratos civiles por obra o servicio determinados. Nunca, hasta que llegó Miguel Alemán, se pensó en contratos que encerraran una cesión o un compartir el producto o la renta de los energéticos. La reforma de 1960 al párrafo sexto del 27 se refiere, justamente, a ese tipo de contratos que enmascaran verdaderas formas de concesión de los recursos. Los contratos que propone Peña Nieto no están definidos en ninguna parte de su iniciativa. No sabremos, por tanto, en qué consisten hasta que se emita la ley reglamentaria.
En el texto de reforma del multicitado 27 se elimina el enunciado de que tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de los minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado. Sólo se dejan los minerales radioactivos, con lo que se abre la puerta para que en la ley secundaria, incluso, se pueda establecer que también se otorgarán concesiones en materia de hidrocarburos. Los priístas dicen que eso no está en sus planes. En todo caso la posibilidad queda abierta.
En lo tocante a la electricidad, se reforma el 27 para permitir a los privados producir y vender energía eléctrica, la cual podrán trasladar a la red distribuidora del Estado mediante contratos de la misma especie. Eso sí, el sistema eléctrico nacional quedará en manos del Estado. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) pasará, en la lógica que plantea la reforma, a ser un ente cada vez menos productor para convertirse en un contratista con los privados. Una ligera modificación al artículo 28 constitucional consiste en eliminar la definición de los sectores estratégicos para permitir que, como ejemplo señero, la petroquímica básica pase a ser campo de competencia con los privados.
La tirada, como puede verse, es convertir los contratos de utilidad compartida, que siguen siendo un misterio, en la palanca que permita, en los hechos, entregar nuestros recursos energéticos a los privados, hacerles auténticas concesiones de los mismos y convertir Pemex y la CFE en simples administradores de contratos. Nada más lejos de los ideales del presidente Lázaro Cárdenas. Él, en efecto, quería que los particulares pusieran su dinero en la explotación y distribución de los hidrocarburos, pero veía como una soberana idiotez entregárselos sin más y, menos aún, si eran extranjeros.
La reforma propuesta por Peña Nieto es miserable en extremo, tanto por sus muy limitados objetivos, tal y como están expresados, como por su argumentación jurídico-constitucional. En realidad, no es más que una pequeña trama de nimiedades que descarga en la futura ley reglamentaria las verdaderas sorpresas. Tal vez su esperanza haya sido que las diferentes fuerzas políticas y sociales interesadas en el tema no ofrezcan mayores resistencias y la verdadera batalla, más fácil de darse porque se librará tan sólo en el ámbito legislativo, venga precisamente cuando se emita la ley secundaria.
Es obvio que sólo la movilización social podrá parar la conjura. Las diferentes fuerzas políticas están demasiado domesticadas y comprometidas con la oligarquía gobernante como para que pudieran constituirse en un valladar a los intentos reaccionarios y desnacionalizadores.
