Guillermo Almeyra (La Jornada)
Un gobierno ilegítimo nacido de la imposición y de la compra de votos dirige un Estado en descomposición, que no tiene la confianza de las mayorías (que se abstuvieron o votaron contra el gobierno del PRI), no es capaz de luchar contra la delincuencia, el narcotráfico y la corrupción que infectan el aparato estatal y tiene como principal objetivo destruir todas las barreras, sindicales o jurídicas, a la superexplotación de los bienes comunes, el ambiente y la fuerza de trabajo mexicanos por un puñado de grandes empresas extranjeras, retornando así a principios del siglo XX, antes de la Revolución Mexicana y del gobierno de Lázaro Cárdenas. En su entrega de la minería, del petróleo, de los recursos hídricos, este gobierno ilegítimo despoja al pueblo mexicano de las bases mismas de la soberanía y la independencia nacionales. La destrucción de la resistencia sindical, las modificaciones profundamente reaccionarias de las leyes laborales, la ley de educación aprobada con fórceps y a espaldas de la legalidad institucional y diseñada para destruir el sindicato de maestros y rebajar aún más el nivel de educación, para que los mexicanos sean simplemente mano de obra barata y no calificada para las empresas de Estados Unidos, van en la misma línea del intento de aplastar a los electricistas, a los mineros, a todos los sindicatos que resistan y de convertir a la universidad pública en servidora de las necesidades empresariales. Carente de consenso social, el semi-Estado mexicano es botín de los depredadores y está cada vez más alejado de la sociedad mexicana. Por tanto, el aparato estatal depende cada vez más de la restricción de los espacios democráticos y de la transformación de las fuerzas armadas en una policía represora de la población.
El resultado es que ésta, en la lucha por la defensa de sus derechos y de su vida misma, deba organizarse al margen de las instituciones estatales y rompiendo el chaleco de fuerza jurídico-militar que el gobierno quiere imponerle. Así se generalizan los linchamientos de delincuentes reales o presuntos, pero también la formación de policías comunitarias, surgidas de asambleas democráticas, que el gobierno intenta reprimir, favoreciendo a narcotraficantes, despojadores de bienes comunitarios, caciques de todo tipo. Así se crean igualmente espacios de autonomía, donde sectores importantes de los indígenas y de los campesinos defienden a la vez su nivel de vida y sus derechos y la democracia del país, asumiendo espacios de poder legítimo.
El gobierno ilegítimo sabotea a Pemex para justificar con la ineficiencia que agrava y provoca la entrega de los sectores más lucrativos y estratégicos de la industria petrolera a las grandes trasnacionales. Como sabe que el presupuesto estatal depende de los impuestos que paga Pemex, prepara las condiciones para que sean los salarios de todos los que remplacen esa principal fuente de ingreso bajo la forma de más IVA a los medicamentos y a los alimentos, de nuevos impuestos y de encarecimiento de los productos derivados del petróleo. Represión, destrucción de los sindicatos, rebaja de los salarios reales, de lo que llega hoy al bolsillo de los trabajadores y de lo que llegará mañana cuando se jubilen: esa es, en sustancia, la política de los usurpadores que, en cambio, dan toda clase de facilidades al gran capital trasnacional.
La CNTE, al unirse con todos los sindicatos combativos y con las organizaciones sociales democráticas y el sector más organizado del movimiento estudiantil, con esta acción unitaria y su movilización aparece nuevamente como el nexo entre la protesta urbana y la campesina y rural (porque en ese medio actúan los maestros rurales) y como el enlace entre las reivindicaciones sindicales y salariales del magisterio, la educación popular, la democracia y la defensa del petróleo y de los bienes comunes contra la dictadura de los depredadores y siervos del capital financiero (del cual forma parte también el narcotráfico). Vastas capas de la población, incluso en sectores más acomodados de las clases medias urbanas, por eso se incorporan crecientemente a la lucha por los salarios, las libertades, las condiciones de trabajo, la defensa del subsuelo, del petróleo, del agua, la democracia y la independencia nacional. De ahí la importancia del llamado de la CNTE a la resistencia civil y a un paro nacional con movilizaciones para oponer al frente entre el gobierno ilegítimo y las grandes trasnacionales extranjeras un amplio frente social de los oprimidos y explotados y para enfrentar al plan de concentración de la riqueza y el poder y de despojo de los bienes comunes un plan obrero, campesino y universitario de reorganización de la economía y de extensión de la democracia apoyándolo en la generalización de asambleas de base en todas las comunidades, de planes autónomos de desarrollo, de experiencias de autogestión.
Los indígenas zapatistas chiapanecos han resistido valientemente y afirmado las bases de su autonomía; las comunidades que en todo el país forman policías comunitarias, las defienden y refuerzan. Pero sobre ellos cuelga ahora la amenaza del ataque gubernamental si el gobierno de Peña Nieto, experto en la represión más salvaje, como lo probó en Atenco, consiguiese afirmarse con el apoyo infame de sus socios y paleros de los partidos seudo opositores y, sobre todo, con el respaldo del gobierno de Estados Unidos que apuesta a una guerra para la cual necesita el petróleo y el trabajo mal pagado de los mexicanos.
Sólo la unión y la movilización de todos los oprimidos –indígenas, campesinos, obreros, empleados– con los estudiantes y democrátas puede asegurar el triunfo de la CNTE y de los sindicatos combativos y una salida progresista a la crisis actual.
