Julio Hernández López (La Jornada)
México está plenamente instalado en el territorio de la burla y el cinismo extremos. Dos extraños reconocimientos internacionales muestran que en el extranjero no conocen lo que de verdad pasa en nuestro país o que esos oídos foráneos son de fácil manipulación o contratación.
Una acreditada revista editada en Estados Unidos (aunque también tiene una versión para público en español) ha declarado a Enrique Peña Nieto como uno de los cien pensadores globales más importantes del mundo. No se necesitan maestrías ni doctorados para encontrar una falla sustancial en el diagnóstico de Foreign Policy, publicación bimestral que se especializa en asuntos globales y de relaciones internacionales. El ex gobernador mexiquense no es un pensador. No hay absolutamente ninguna prueba de que haya ejercido destacadas funciones intelectuales y sí, por el contrario, evidencias de poca cultivación y retentiva, como se tuvieron en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2012, cuando patinó memorablemente para salir de una pregunta de rutina sobre esos temas.
Con buena voluntad esa revista podría atribuirle dotes operativas o pragmáticas al priísta o a quienes le ayudan a sobrellevar el gobierno federal (priísta que, por cierto, se ha especializado en equivocarse en cuanto a capitales de estados y a la hora de la pronunciación de ciertas palabras o del desciframiento de ciertos acrónimos). Pero difícilmente puede haber sustento para considerarlo un gran pensador mundial, a menos que se tratara de un regalo anticipado del 28 de diciembre.
En esa feria de incongruencias ha tocado hacer el ridículo a la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Navi Pillay, quien anunció entre otros ganadores del premio de este año en esa materia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha sido pieza muy importante para mantener en estado de postración institucional al país, colaborando para que prosigan la impunidad y la injusticia, cerrando los ojos ante las persistentes pruebas de salvajes violaciones a los derechos humanos en México por parte de militares, marinos y policías, y convirtiendo la administración de la justicia en mercado de élite donde muchos ministros, magistrados y jueces (además de otras piezas menores de ese engranaje) responden a los intereses de la política y el dinero.
El curso del proceso legislativo de imposición de la reforma energética ultrapanista también pasó ayer por episodios descuadrados. En comisiones senatoriales se cansó la mayoría aritmética de sobrellevar de madrugada las fatigosas tretas de alargamiento con que la oposición pretendía demorar un desenlace inevitable, así que mejor pasaron el paquete polémico al pleno de esa cámara en donde la diferencia de votos entre bancadas aplastaría las desesperanzadas objeciones de la izquierda electoral.
Pero el golpe peñista, agravado por los panistas en las negociaciones finales, buscó ayer por la tarde más profundidad negativa, cuando de última hora se presentaron modificaciones al dictamen de comisiones legislativas, para agregar estipulaciones que favorecen aún más a los futuros inversionistas, en un giro privatizador extra que pareciera provenir de la convicción en las cúpulas de que la débil resistencia al rediseño energético permite más licencias (y concesiones). En contraparte se ha dejado fuera al sindicato de trabajadores petroleros del consejo de administración de Pemex, atacando falsamente al corrupto líder Carlos Romero Deschamps al enviarlo a los presuntos infiernos que no consisten en su consignación judicial y la exigencia de que devuelva lo que ha saqueado al país, sino que sufra en el aprovechamiento impune de su riqueza, en los viajes de gran lujo por el mundo y el retozo en los parques privados de la clase política mexicana tan similar a él.
En San Lázaro ya están listos para recibir lo que el Senado está por definir. Según las estimaciones que se hacen en la cancha dominada por Manlio Fabio Beltrones, el sábado habrá plenaria para conocer lo que antes habrá sido procesado en comisiones de los propios diputados. Así quedará todo listo para las vacaciones navideñas y, el año entrante, las aprobaciones en congresos estatales.
Afuera del edificio senatorial de Reforma e Insurgentes seguían apostados ciudadanos en protesta, aunque en cuantía reducida y sin expectativas de triunfo. En el Ángel de la Independencia los perredistas continuaban con su caminata de 75 horas, con el acompañamiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien participó discursivamente en un breve mitin. Este segmento del sol azteca se ha quedado sin la bandera de la consulta popular en 2015, pues en la Cámara de Diputados se aprobó una ley sobre la materia que no contempla las reformas constitucionales.
También en San Lázaro, se aprobó en comisiones legislativas la propuesta de ley sobre manifestaciones públicas que pretende poner condiciones burocráticas y restrictivas a este tipo de protestas en la ciudad de México. El gobierno capitalino, dominado por un espíritu policiaco, ve con apenas disimulada simpatía el avance de esos intentos de control social. Ya se verá la reacción de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ante estas pretensiones.
En el Distrito Federal continuaba creciendo la oposición al aumento en las tarifas del Metro. El director de este servicio, Joel Ortega, recordó que brincarse los torniquetes o pasar sin pagar el peaje establecido son faltas administrativas que merecen multa consistente en mil 200 pesos o la estancia de 25 horas en reclusión. Diversos grupos y ciudadanos en lo individual participaron en actos de desobediencia civil saltando los mecanismos de entrada a los andenes del Metro. Un diputado del PT acusó a Miguel Ángel Mancera de traicionar al Distrito Federal con esos nuevos cobros y una senadora perredista le llamó a reconsiderar los aumentos y hacer ahorros. La controversia tendrá un punto candente el próximo viernes, cuando entrará en vigor la nueva tarifa.
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