Eduardo Nava Hernandez (Rebelion)
Existen al menos tres hipótesis acerca del surgimiento y desarrollo de los cuerpos de autodefensa en el Valle de Apatzingán, conocido también como la Tierra Caliente de Michoacán. Para algunos, se trata de órganos armados creados desde el poder público para usarlos como grupos de choque frente a los cárteles del narcotráfico de la delincuencia organizada, y que pueden ser por tanto empleados como instrumentos de contrainsurgencia y control político, como sucedió desde tiempo atrás en el caso de Colombia. Para una segunda visión, se trata de fuerzas creadas por alguna o algunas de las propias bandas de delincuentes para enfrentar a las corporaciones rivales y arrebatarles el control de territorios y rutas aptas para el trasiego de las drogas. Pero para muchos, estos grupos armados responden a la necesidad legítima de la autodefensa frente al auge de la violencia criminal vivido en esa y otras regiones en los últimos años, a pesar de la fallida guerra declarada por Felipe Calderón al narcotráfico y sus derivaciones.
Los recientes anuncios tanto del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong como del comisionado para la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, de que es inminente el desarme por el Ejército y la Policía Federal de esos grupos, pone a prueba esas hipótesis, y quizás esa acción termine por esclarecer la naturaleza de los cuerpos civiles en armas desde el año pasado.
Lo cierto es que los sondeos muestran que un sector muy amplio de la población en Michoacán y en el país sigue viendo en las autodefensas una expresión civil confiable y legítima, surgida del hartazgo con la violencia y la delincuencia. No hay duda de que en la Tierra Caliente y en otras regiones los cuerpos encabezados por el doctor José Manuel Mireles han logrado construir un respaldo social notable en poco tiempo y que aún mantienen un reconocimiento posiblemente mayor que el de los órganos del Estado. La opinión popular reconoce en ellos la valentía, honestidad y eficacia que durante muchos años no mostraron los cuerpos armados del Estado para combatir a los delincuentes que por lo tanto pudieron extender su poder a inmensos territorios y a múltiples actividades delictivas y legales.
Y si bien es cierto que la policía y el ejército los han usado como avanzada en el enfrentamiento con el grupo de los Templarios, también lo es que desde que los grupos comunitarios iniciaron su avance a nuevos municipios el gobierno federal y el estatal han buscado frenarlos y reducirlos a su autoridad, dando lugar a episodios sangrientos como el de Antúnez en enero pasado. Los grupos de autodefensa revelan la inoperancia de los aparatos de seguridad del Estado en sus tres órdenes de gobierno, y ponen en cuestión a los funcionarios encargados de ellos. Más aún, en algunas poblaciones han llegado a constituirse como un poder paralelo al de los ayuntamientos, las fuerzas estatales de seguridad y el propio ejército. En ocasiones actúan coordinadamente con estos organismos y en otras se muestran autónomos de los poderes constituidos. Han logrado sacar alcaldes de sus municipios y que el Congreso los destituya, como en Tepalcatepec. Han conseguido remover comandantes y cuerpos de policía municipales. Han hecho señalamientos concretos contra funcionarios del gobierno estatal, concretamente contra Jesús Reyna y otros. Son, pues, un desafío no sólo para los grupos criminales sino también para las autoridades, a las que exhiben en su complicidad o incompetencia en relación con aquéllos.
La estrategia del gobierno federal para lograr la desmovilización de las autodefensas se despliega a través de diversas iniciativas, no todas legítimas. Una es la acción misma contra los grupos delincuenciales y sus capos, que haga superflua su permanencia como tales. La detención y abatimiento (¿o ejecución?) de varios de los principales jefes templarios y de muchos sicarios y operadores de este grupo busca también mostrar una novedosa iniciativa de las fuerzas del orden y recuperar legitimidad al aparato de seguridad del Estado, si bien muchas veces apoyado por los propios grupos comunitarios. En esa lógica se inscriben las detenciones de Reyna, de Trinidad Martínez Pasalagua y las que probablemente les sigan.
A través del comisionado Alfredo Cervantes, es claro que el gobierno federal busca inducir la división entre los grupos en armas. Ya José Manuel Mireles ha venido denunciando el trato diferenciado que reciben de éste y cómo en el periodo reciente ya no lo convoca a sus reuniones con otros líderes de los cuerpos “porque todo lo publico”, sino que llaman a “dos o tres personas”. Hoy, esa división es evidente. El comisionado mantiene una constante comunicación con los dirigentes que aceptan de una u otra manera la estrategia federal, incluido el desarme —como es el caso de Estanislao Beltrán— o que sirven a sus propósitos inmediatos, en tanto margina a quienes mantienen posiciones de autonomía.
Otra línea de acción es el promover el desprestigio de los dirigentes de las autodefensas y colocarlos bajo sospecha. La detención de Hipólito Mora, y luego la del jefe de las defensas de Yurécuaro, Enrique Hernández Salcedo, bajo acusaciones de homicidio, en ambos casos, que no han sido suficientemente acreditadas ante la opinión pública. En el segundo caso, sus defensores y familiares denuncian que ha sido torturado junto con otros de sus compañeros también aprehendidos.
La deslegitimación del movimiento debe conducir sin duda al desarme final, que el comisionado Castillo ya ha anunciado como inminente, y acaso a más detenciones y procesos penales contra sus integrantes. Mireles y la facción que encabeza han anunciado que no lo permitirán, porque aún no se ha logrado garantizar la seguridad en el Estado y porque hay indicios de la llegada de otros cárteles como el del Golfo y el de los Zetas. También de que en la misma Tierra Caliente se está integrando un nuevo cártel con renegados templarios y de otras bandas, incluso las que han logrado infiltrar a los cuerpos de autodefensa.
El desarme, cuando anteriormente los poderes constituidos han tolerado la coexistencia con estas fuerzas sociales, se constituye en un desatino que contrae riesgos inocultables. El más evidente, que la ruptura con el Estado conduzca a una radicalización de las autodefensas y su enfrentamiento con las fuerzas del orden. Podrían pasar a la clandestinidad o constituirse como grupos plenamente paramilitares, fuera de todo control por el Estado. Mucho más conveniente que los amagos y el acorralamiento de estas fuerzas irregulares es mantener no su control sino una la interlocución permanente con los dirigentes identificados hasta que el escenario social y político de Michoacán mejore. La mal ocultada guerra civil en que Michoacán se debate desde hace demasiado tiempo puede extenderse y agravarse.
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