Juliana G. Quintanilla y Jose Martinez Cruz (Rebelion)
¿Es una utopía exigir la presentación con vida de los 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa? ¿Acaso un despropósito o una simulación para ocultar una verdad? ¿Están vivos o muertos? Muchas preguntas sin respuestas concluyentes. La incertidumbre está en las mentes y corazones. La duda mata, tanto como la certeza de lo irremediable. Dolor que no permite dilucidar lo que hay de razón y sinrazón. Agobio. Desesperación. Desesperanza. Todos estos sentimientos de angustia se van acumulando en el ánimo colectivo y van dando paso a la frustración y a la angustia. 43 jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa que no sabemos de su paradero. ¿Y cómo estar seguros de lo que ha ocurrido con ellos cuando únicamente tenemos la certeza de que los desaparecieron en un terrible día en que se conjugaron las fuerzas represivas del municipio de Iguala con la estrategia diseñada por el gobierno estatal y federal de criminalizar la lucha social, de acorralar a las Normales Rurales, de impedir el libre ejercicio de la libertad de expresión y de organización, de negar el legítimo derecho a la protesta, con la añeja pretensión de ir cerrando paulatinamente un proyecto educativo que reclama compromiso social y pensamiento critico, justamente cuando las contra reformas neoliberales pretenden eliminar cualquier oposición a la privatización de la educación? No. No hay certeza. Pero tampoco resignación. Ni aceptación de lo inaceptable.
La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, cometida por un terrorismo de Estado, que está claramente tipificada como un delito que causa un grave daño al individuo que lo padece y al conjunto de la humanidad, por todas las consecuencias que tiene en causar un dolor mayor al que puede ocasionar un delito común, ya que involucra a varios a la vez, como es desde el inicio de la detención arbitraria, el uso desproporcionado de la fuerza, la tortura, la privación ilegal de la libertad, la desaparición de persona que no es conducida ante autoridad competente, la generación de incertidumbre y un dolor permanente en familiares y personas que desconocen el paradero de quien lo sufre directamente, la posibilidad de mantener en cautiverio durante días, meses o años en el peor de los casos conocidos sin ninguna causa legal o acusación ni derecho a defenderse ante un poder sin rostro que está representado en cualquiera de las fuerzas del estado o de particulares que cuentan con la complicidad, la aquiescencia o la omisión de la autoridad. Por eso, se pierde tiempo en una estrategia de investigación equivocada que para estos casos es de vida. Investigar e intensificar la búsqueda de personas vivas obliga al gobierno a revisar los protocolos de búsqueda de los desaparecidos en cárceles clandestinas y campos militares, no solo en las tumbas que se encuentran cada vez más y van mostrando la gravedad de los crímenes impunes y desapariciones en todo el país que se calcula en más de 27 mil. Amnistía internacional señala en su acción urgente (http://www.alzatuvoz.org/normalistas/) “que se respete el papel de expertos forenses internacionales independientes para garantizar un proceso en el que los familiares puedan confiar y que se hagan públicos los resultados de estas investigaciones y que se lleve a las personas responsables ante la justicia, incluidas quienes son responsables de la operación policial y quienes tengan vínculos con los hombres armados no identificados.” En tanto la CIDH envió 4 recomendaciones al gobierno mexicano para que “Adopte las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes identificados, con el propósito de proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal y para proteger la vida e integridad personal de los estudiantes heridos, identificados en el presente procedimiento, quienes actualmente estarían ingresados en un hospital”
En Guerrero se ha documentado históricamente el primer caso de un desaparecido por razones políticas en nuestro país: Efraín Rojas Muñoz, en 1969, de acuerdo a las listas de 600 desaparecidos con que cuenta el Comité Eureka de familiares de desaparecidos y presos políticos. Los familiares, y los instrumentos internacionales del derecho humanitario, como la Convención de la ONU y la Ley sobre Desaparición Forzada o Involuntaria, les dan la razón, no pueden aceptar la muerte de sus desaparecidos hasta contar con pruebas contundentes de que así sea. Es verdad que hay toda una técnica política desarrollada por los estrategas de la represión para que la desaparición forzada cause el mayor daño posible y genere una parálisis social que inhiba la participación política. Los vuelos de la muerte, recientemente exhibidos por la Comisión de la Verdad de Guerrero, donde dan cuenta de 1600 casos de desaparecidos. Esta misma técnica fue aplicada en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil durante las dictaduras militares de los años 60 y 70 del siglo XX. También, debido a la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, se siguen recuperando desaparecidos con vida, después de 30 años de ocurridos los hechos. En México, desaparecidos que permanecieron en el Campo Militar Número Uno, durante meses o años, obtuvieron su libertad y el Comité Eureka da cuenta de más de 150 casos. Oscar Vega Rosales, desaparecido en Puebla a los 4 años de edad, fue recuperado 10 años después. Alejandra Cárdenas y Antonio Hernández, muertos según la Dirección Federal de Seguridad (la policía política de los gobiernos durante esa época) , siguen vivos después de sobrevivir la cárcel clandestina y la tortura. El "Guaymas" está vivo y libre aún cuando en la tortura perdió una pierna que le fue amputada. Y las madres de Ciudad Juárez que reclamaban a sus hijas desaparecidas, rechazaron los cuerpos que les entregaron las autoridades de la PGR porque eran restos de diferentes cuerpos. Por ello, decenas de miles de manifestantes en el país y en diversas ciudades del mundo el 8 de octubre y en la próxima jornada internacional del 22 de octubre, seguimos demandando que ¡si vivos se los llevaron, vivos los queremos!
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Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz son integrantes de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, en México desde hace 25 años.
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