Arnaldo Córdova (La Jornada)
Una vez que han recobrado la Presidencia de la República, los priístas nos anuncian, un día sí y otro también, que van por todo en materia de reformas estructurales, en particular, por la energética. Han olvidado el carácter emblemático de sus documentos básicos, que los ligaban a ciertos principios sostenidos a través del tiempo, para ver en los mismos nada más que anclas del pasado que ahora son, para ellos, verdaderas cadenas que hay que romper. Los principios han dejado de ser importantes, ahora de lo que se trata es de superarlos, para empezar de nuevo ya sin esos amarres del pasado. Es como decir que los priístas dejan de ser tales para ser ahora otra cosa.
En una entrevista con este diario, el nuevo presidente del tricolor, César Camacho Quiroz, estimó que la sociedad ha cambiado radicalmente y, como los partidos son un reflejo de la misma, no tienen más remedio que cambiar. El PRI se quedó atrasado y ahora hay que ponerlo a tono con esa realidad. El partido, agregó, “debe transformarse, actualizar sus posiciones frente a los asuntos del país. En cualquier parte del mundo los partidos postulan una ideología, pero demasiada ideología, ideología convertida en dogma, se convierte en una especie de veneno” (La Jornada, 14/12/12, subrayado nuestro).
Un día antes, Camacho lamentaba que sanos principios partidistas se hubiesen convertido en dogmas, camisas de fuerza y diques. “No podemos vivir –dijo– con una actitud nostálgica y queremos que este país salga adelante y recuperar terreno perdido. Son muchas las cosas que el PRI debe revisar.” El partido, en su opinión, debe replantearse con mayor precisión su línea ideológica, huir de la indefinición, y advirtió que demasiada ideología ata y envenena. Ahora el PRI, según Camacho Quiroz, deberá darse nuevas definiciones (La Jornada, 13/12/12).
En realidad, ya el PRI había venido corrigiendo esa ruta equivocada que le obligaba a transitar con principios obsoletos y atrasados. Todavía en su Declaración de Principios de 2004, en su punto 36, se afirmaba: El petróleo y la energía eléctrica deben seguir siendo propiedad de la nación. Sostenemos la plena potestad de ésta sobre nuestros recursos naturales, sobre el agua y el espacio aéreo y sobre nuestros mares territoriales (el punto 35 reafirmaba el dominio directo de la nación sobre los recursos naturales y el subsuelo del país). En la Declaración de Principios de 2008 esos artículos y otros más que había venido sosteniendo el antiguo nacionalismo priísta, como por ensalmo, desaparecieron.
Hay que recordar que ése fue el año de los debates en el Senado sobre la reforma petrolera antinacionalista y retardataria de Felipe Calderón. El PRI no quiso ya saber nada de antiguos compromisos con la nación. Luego, Enrique Peña Nieto, antes incluso de que fuera candidato, se dedicó a hacer continuos llamamientos a superar atavismos ideológicos y a pregonar la necesidad de que se abriera el sector energético, en particular, el petróleo, a la iniciativa privada. Ahora estamos ya ante la ocasión que se nos había anunciado.
Luis Videgaray, nuevo secretario de Hacienda, en un foro de empresarios e inversionistas realizado en Cancún el 17 de enero pasado, reveló que, en efecto, el momento ha llegado. Una vez que se ha aprobado la reforma constitucional educativa, dijo, siguen los sectores de telecomunicaciones, de energía y bancario. En relación con la energía, el dulce que Videgaray pasó de boca en boca fue que está reforma será para beneficio de la mayoría de las familias mexicanas y de la economía mexicana, ¿cómo?, explotando mejor los recursos y poniéndolos a disposición de todos, de los que tienen (las empresas) y de los que no tienen.
El secretario de Hacienda quiso ser claro: los cambios que buscará el gobierno no son privatizar Pemex ni mucho menos privatizar las reservas de petróleo, sino tener un sistema regulatorio [de modo] que puedan las empresas unir fuerzas con Pemex en un marco orientado al mercado, atrayendo capital para explotar “los inmensos recursos naturales… de los cuales la mayoría no han sido explotados”. Con un marco regulatorio tan rígido, estimó, no es posible aprovechar semejante riqueza (La Jornada, 18/1/13). Videgaray ni siquiera creyó necesario explicarnos a qué se debe la presencia tan evidente de la iniciativa privada en la explotación petrolera tal como ahora se da.
Que la Constitución esté equivocada al reservar (artículo 27) la explotación del petróleo y la electricidad a la nación, por conducto del Estado, es una opinión que, como todas las opiniones, puede ser cambiada. Hay que preguntarse, empero, por qué el constituyente pensaba que los privados no deberían participar en la explotación directa de los hidrocarburos. Las razones fueron muchas y se dijeron con toda claridad. Una era esencial: el carácter depredador de los inversionistas privados que habrían buscado de una u otra forma, como lo han hecho siempre, la posibilidad de apoderarse del recurso que era de todos. Que la iniciativa privada pudiera hacer contratos por obra o servicio determinados no era el problema ni era lo que los empresarios andaban buscando.
Ese tipo de contratos podrían hacerse en cualquier momento sin que ello entrañara violación ninguna de los principios constitucionales. Lo que los empresarios han buscado toda la vida es ese tipo de contratos que en la época de Alemán se llamaron de riesgo y que desde las propuestas calderonistas se ha dado en llamar preferentes. Hacer obra o prestar servicios para Pemex no es lo que buscan ellos. Se trata de medrar con toda la industria petrolera, más o menos como se viene haciendo con la electricidad, de la que casi la mitad está siendo generada por empresas privadas. Meterle mano al petróleo y embolsarse la riqueza que se produzca es su verdadera meta.
Antonio Gershenson ha alertado sobre el propósito inmediato de Peña Nieto de ceder a los privados las refinerías y concesionarles las que se piense construir en el futuro. Se piensa en círculos priístas entregarles, también en concesión, los ductos, amén de otros negocios con los que los empresarios han soñado. No son invenciones. ¿Qué es lo que entienden Videgaray y su jefe por asociar a los privados con Pemex? En eso como en otras cosas, la cantaleta es siempre la misma: no se entregará Pemex a los privados ni se privatizarán las reservas petroleras. La intención, empero, declarada por ellos mismos, es abrirles la industria y permitirles que se enriquezcan a manos llenas.
Los priístas piensan que ha llegado la hora también de cambiar la Constitución. Toda la ideología que están repudiando se resume en el contenido del artículo 27 constitucional. La reforma estructural energética comenzará por la reforma del 27. Se presume que ya no harán como Calderón, que no se atrevió a tocar ese artículo y se limitó a plantear meras reformas legales. Se nos hace saber que ahora sí van por todo. Pues vamos a ver, como dice el dicho, de qué cuero salen más correas.
