Carlos Fernández-Vega (La Jornada)
Comienzan a mostrar la cabeza quienes, por la parte mexicana, participarán en el modernizado negocio petrolero que con bienes de la nación ha organizado el gobierno para el capital privado. ¿A quiénes corresponden las testas? ¡Sorpresa!: a los de siempre.
El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, tuvo a bien informar que los grupos México (Germán Larrea), Alfa (familia Garza), Carso (Carlos Slim) y Diavaz (Óscar Vázquez Sentíes, la cabeza visible) son algunas de las empresas mexicanas interesadas en participar en la Ronda uno, mediante la cual se licitarán algunos de los campos que hasta ahora explotaba Pemex, algunos de ellos ya maduros que, dijo, se explotaron con métodos rudimentarios, pero que ahora, con tecnología moderna, las firmas podrán sacar grandes volúmenes (La Jornada, Susana González).
El funcionario explicó que se trata de varias empresas mexicanas que se están preparando o están formando consorcios para participar, así como extranjeras que buscan socios nacionales, en el jugoso negocio del petróleo mexicano, ahora a disposición del mejor postor y con tecnología que alquilarán o comprarán en terceros países, algo que, dicho sea de paso, el gobierno mexicano siempre dijo que era imposible.
Los cuatro corporativos mencionados por el secretario de Energía son lo que son y han llegado hasta donde todos conocemos gracias a los bienes de la nación y, desde luego, a los grandes amigos que a lo largo de los sexenios han mantenido, y mantienen, en la oficina en donde se toman las grandes decisiones.
En este contexto, cómo olvidar al otrora gigante Grupo Alfa cuando en 1982 el entonces presidente José López Portillo ordenó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras, dedicado a muchas cosas, menos a rescatar empresas privadas) entregar a Bernardo Garza Sada (por aquellos ayeres jefe de jefes del corporativo e íntimo de JLP) un crédito por 17 mil millones de pesos para que el corporativo evitara la quiebra, con lo que el inquilino de Los Pinos violó flagrantemente la ley de la propia institución financiera, pues su función como organismo del Estado es financiar obra pública en beneficio de estados y municipios y, por ende, de sus habitantes, pero no ponerse al servicio de intereses particulares.
Un ejercicio similar se registró en tiempos de Miguel de la Madrid, con la creación del Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios (Ficorca, que presidió Ernesto Zedillo), el cual, entre otras tantas empresas privadas y mediante generosos subsidios cambiarios, rescató la voluminosa deuda externa del Grupo Alfa. Lo mismo con Felipe Calderón en Los Pinos, cuando en 2008 ordenó al Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext, por ley dedicado a promover el comercio exterior mexicano, no el rescate de las empresas privadas) otorgar un generoso crédito al citado corporativo para evitar la quiebra tras sus fallidas aventuras, como también lo hizo Comercial Mexicana, en el mercado de derivados.
Se quedan en el tintero varios rescates más, pero el hecho es que Grupo Alfa está puestísimo para clavarle el colmillo al petróleo mexicano (que conserva esa condición siempre y cuando se mantenga en el subsuelo; ya fuera, no). ¿Cuánto le ha costado al erario la salud financiera de este consorcio? Muchísimo dinero, pero ahora tiene luz verde para entrarle, directamente o por medio de asociación, al oro negro.
También participa el impune cuan arrasador Grupo México, con Germán Larrea a la cabeza, cuyos orígenes (papá Jorge) se remontan al alemanismo y a Bruno Pagliai, y su fortuna se asocian, siempre, a los contratos públicos, a las concesiones gubernamentales, y a la privatización de bienes de la nación, entre ellos –independientemente de las minas– una buena porción del Banco Nacional de México (Banamex), cuyo rescate por el Fobaproa siguen pagando los mexicanos, mismos que no vieron un sólo centavo de impuestos a la hora que, en el gobierno de Fox, se vendió la institución financiera a Citigroup, y menos el retorno de los subsidios cambiarios que generosamente le concedió el Ficorca, por mucho que a estas alturas es el segundo hombre más rico de México, sólo después de Carlos Slim, con una fortuna estimada en 15 mil millones de dólares (el dato es de 2013), y contando (quince veces más que al arranque del siglo XXI).
Así, el Zar del cobre (90 por ciento para él solito), distinguido heredero de la fortuna familiar, únicamente se ocupa del nuevo filón que gobierno y Congreso le legalizaron. Los damnificados por el ecocidio recientemente cometido por Grupo México en Sonora no le quitan el sueño (como nunca se lo ha quitado Pasta de Conchos), y debe dormir como un bebé al estilo Eduardo Bours tras los trágicos sucesos de la guardería ABC de Hermosillo. Para el nuevo negocio cuenta con Perforadora Mexicana y un buen número de plataformas marinas que mandó a construir cuando el gobierno aseguraba que nada privatizará la reforma energética.
Lo novedoso sería que en el negocio petrolero no participara el Grupo Carso, de Carlos Slim, quien no deja flor sin oler (del café a las minas; de los cigarros a las finanzas; del arte al acuario, y todo lo demás). De siempre rico, según dice, su fortuna comenzó a crecer como la espuma a raíz de la privatización salinista de Teléfonos de México, cuyo control obtuvo con apenas 5 por ciento de las acciones y, por si fuera poco, a crédito. Desde entonces, los haberes de este empresario se han multiplicado por 70, y contando.
Y aparece Grupo Diavaz (en el que participa Protego, de Pedro Aspe), un corporativo con muchos contratos petroleros, que en 1998 obtuvo, junto con Texas Utilities, el permiso para la distribución de gas natural en la ciudad de México; con Fox contratos de servicios múltiple en la cuenca gasífera de Burgos, y con Calderón contratos integrales de exploración y producción en Chicontepec.
En fin, algunas muestras de cómo los grupos empresariales mueven a México.
Las rebanadas del pastel
Las cuentas de Larrea: “en su Informe al consejo de administración del Grupo México (página 198) se indica que las utilidades antes de impuestos fueron de 3 mil 230 millones de dólares, en tanto que las obligaciones laborales llegaron a 189 mil dólares. La relación entre ambos conceptos arroja que por cada dólar invertido, se generaron 17.09 dólares de utilidad. Estas utilidades fueron generadas por 29 mil 980 trabajadores. O sea, cada trabajador le produjo al empresario 107 mil 738 dólares. Eso es lo que necesita el país: empresas exitosas y trabajadores súper explotados. ¡Ah! y si hay contaminación y afectaciones a la población, pues eso no son más que ‘externalidades’” (Víctor H. Palacio Muñoz, palkacios@hotmail.com).
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