El Pacto y La Educacion.

Arnaldo Cordova (La Jornada)

Algo que yo he venido reiterando todo el tiempo es que no hay política, hoy en día, que no sea pacticia. Todo en política tiende a convertirse en pactos entre las diversas fuerzas políticas de la sociedad. Ya una vez representadas en el parlamento, esas fuerzas no pueden actuar sino poniéndose de acuerdo en todos los asuntos que sean objeto de su atención. Las leyes que emanan del Congreso, en primer lugar, no son más que pactos que buscan normar los hechos en la vida cotidiana de la sociedad. Pacto y política son hermanos siameses en una sociedad democrática. Todo se hace por acuerdos entre oponentes (los partidos políticos), inclusive en sociedades políticas que experimentan una relación de clara hegemonía de alguno de los actores.

Adolfo Sánchez Rebolledo, en su excelente artículo del jueves pasado, empero, señala las condiciones en que ese pactismo se debe dar para que sea, efectivamente, un acuerdo: los pactantes deben ser iguales y participar todos, en igualdad de condiciones, en la edificación del pacto. El Pacto por México fue elaborado por el nuevo gobierno de la República y puesto a consideración de tres partidos (PRI, PAN y PRD). En un pacto la adhesión de los otros también es legítima y el acuerdo no sufre ningún demérito. Pero debe mediar una negociación de los términos finales en que se apruebe y debe contener las posiciones de los diferentes participantes. En el pacto referido sólo hubo adhesiones cupulares y una total ausencia de participación de los partidos.

Las turbulencias internas que se han venido dando en el PRD muestran que sólo los dirigentes de una de sus corrientes estuvieron a favor de adherirse al Pacto. No hubo discusión en ningún partido, incluido el PRI, que precediera a la firma del acuerdo. Sólo los máximos dirigentes partidistas se pusieron de acuerdo. Afirmar, como se ha hecho, que los partidos nacionales encontraron un cauce para la recomposición de las relaciones políticas en el país y una fórmula para edificar una nueva agenda de entendimiento y cambios profundos que, muy probablemente, comparte la mayoría de los mexicanos, es una gran mentira. La recomposición de las relaciones políticas es materia de otra clase de pactos, donde todos tengan algo que decir y todos estén dispuestos a cambiar lo que se tiene que cambiar.

El Pacto por México es una suma de 95 puntos que, por lo demás, ya estaban en la agenda de gobierno de Peña Nieto (a ellos hizo referencia en su discurso inaugural) y que se iban a tratar de llevar a cabo, con pacto o sin pacto. Es cierto que algunos son muy importantes, como el que se refiere a la elevación a rango constitucional de la evaluación de los maestros de enseñanza básica y a la redefinición de las funciones del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Pero hay muchos otros en los que ni siquiera la militancia de los partidos tiene claro de qué se trata, como el referente a la apertura de la industria petrolera. Las posiciones que se adoptan en cada uno de esos puntos, que pueden concederse como importantes, son de carácter estrictamente personal de Peña Nieto.

A nadie se le puede ocultar la importancia que para los maestros de enseñanza básica tiene el que se garantice su permanencia y su ascenso en el puesto de trabajo sobre la base de su permanente evaluación y capacitación y no depender ya de estar bien o estar mal con los burócratas (todos ellos sindicales) de los que depende la organización de su trabajo. Que esa función corra a cargo de un organismo independiente y autónomo y se rija estrictamente por la ley, es también una garantía de que no habrá favoritismos ni interferencias ilegales de las mafias sindicales (por supuesto que esto tendrá que verse si de verdad se realiza). Todo tiene un destinatario clave: el SNTE; pero de esa corporación nadie dice nada y los mismos dirigentes sindicales se adelantaron a confirmar su adhesión servil a lo que se está cocinando.

Todos los expertos en materia educativa han venido señalando desde hace decenios que el problema de nuestro sistema educativo radica en el excesivo poder que ese sindicato ejerce sobre el mismo y, en particular, sobre la Secretaría de Educación Pública. Ellos han demostrado, una y otra vez, que no habrá reforma posible que mejore nuestra educación si antes no se liquida de tajo el dominio del sindicato sobre todo el sistema. Reformar la educación quiere decir reformar las relaciones de poder que se dan en nuestras estructuras educativas ¿Por qué no se debate públicamente este asunto? ¿Por qué Peña Nieto, guardando todas las fórmulas de cortesía que se puedan imaginar, no ha señalado que el principal problema educativo que tenemos es un problema sindical?

En el Plan por México, esta materia ocupa los puntos 7 a 15 y están todos desplegados en la reforma constitucional que, al respecto, propone Peña Nieto en su iniciativa del 10 de diciembre pasado. Lo principal es el sistema de evaluación educativa (puntos 7 y 8). Se cuenta también la creación del Servicio Profesional Docente (punto 12) el fortalecimiento de la educación inicial de los maestros (punto 13) y el incremento de la cobertura en educación media superior y superior (punto 14). Lo demás se refiere a dar autonomía de gestión a las escuelas, convertirlas en escuelas de tiempo completo y dar becas y computadoras portátiles a los estudiantes. La reforma educativa se inicia ahora con la iniciativa de Peña Nieto.

En la iniciativa las reformas son a las fracciones III, VII y VIII del artículo tercero de la Carta Magna y se adiciona una fracción IX. Todas versan sobre la creación de un Sistema de Gestión Educativa y sobre la transformación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, pero de esta última se encarga, en especial, la nueva fracción IX. El artículo 73 constitucional se reforma en su fracción XXV con la adición de las tareas que se desprenden de las reformas al tercero. En los artículos transitorios de la reforma se instruye al Congreso de la Unión para que dicte las leyes que hagan posible su realización.

Llama la atención la referencia que se hace al ampliar los horarios de las escuelas (de tiempo completo a 5 y 6 horas) al deber de alimentar a los alumnos y, sobre todo, como lo dice la misma exposición de motivos, de “impulsar el suministro de alimentos nutritivos y prohibir en las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos, llamados ‘chatarra’”. Es de esperarse que, por lo menos en este punto, se haga efectivo el control de la venta y distribución de tales porquerías.