Carlos Fernández-Vega (La Jornada)
La negativa ha sido tajante, aderezada con un atento recado: rásquense como puedan. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ya dijo que no habrá rescate de los gobiernos estatales y municipales que han enfrentado dificultades para cumplir con sus deudas, y que el inquilino de Los Pinos enviará una iniciativa de ley al Congreso para contener el excesivo endeudamiento de dichas instancias gubernamentales.
Bien por el titular de Hacienda, pero, como es costumbre en el país, se trata de resolver los problemas cuando ya no tienen solución, cuando el daño ya está hecho y es inexistente el margen de maniobra. A Videgaray no se le puede responsabilizar de la nula supervisión institucional sobre el creciente endeudamiento estatal y municipal, pero sí a su predecesor –José Antonio Meade, hoy en funciones de secretario de Relaciones Exteriores– y al antecesor de éste –Ernesto Cordero, actual presidente de la mesa directiva del Senado de la República–, e incluso al primer titular calderonista de la SHCP –Agustín Carstens, ahora gobernador del Banco de México–, quienes utilizaron política y electoralmente el asunto de la voluminosa cuan creciente deuda de estados y municipios.
¿Dónde estaban Carstens, Cordero y Meade que no registraron el vertiginoso crecimiento (150 por ciento) de tal deuda en el periodo diciembre de 2006-marzo de 2012? ¿Dónde, que no se enteraron (versión oficial) que el veloz avance del endeudamiento estatal y municipal consumía cada una mayor proporción de las participaciones federales a dichas entidades (de 48.7 a 78.6 por ciento entre finales de 2006 y marzo de 2012)?
Fácil: con un leve catarrito y en el mismísimo éter, el primero de ellos; en la grilla electorera enfocada a Coahuila y Humberto Moreira, el segundo; y en la paciente espera de colocarse en el siguiente gabinete, el tercero. De acuerdo con la versión oficial, ninguno de ellos se dio cuenta que en el citado periodo el débito estatal y municipal pasó de 160 mil a casi 400 mil millones de pesos, sin que nada lo justificara. Y también les pasó de noche que esos voluminosos recursos se utilizaron para cualquier cosa, menos para fomentar el crecimiento económico y el desarrollo.
Qué bueno, pues, que la citada negativa de Hacienda sea tajante (ni un peso más), pero no debería serlo tanto sin antes pedir cuentas, cuando menos, a los gobernadores y presidente municipales involucrados en el festín de préstamos (que no son pocos, unos y otros), y sobre todo a quienes, en su tiempo y obligadamente, debieron tomar cartas en el asunto y contener el arrasador avance de tal endeudamiento. Y nadie puede decirse sorprendido, porque en esto hay mandatarios de todos los partidos políticos: tricolores, blanquiazules y de lo que queda del PRD. De algo, por mínimo que fuera, debieron enterarse. ¿O no?
Entonces, que estados y municipios altamente endeudados se rasquen como puedan, porque del centro no saldrán recursos públicos adicionales para aminorar el fardo de la deuda. Sin embargo, estados y municipios prácticamente no captan recursos ni cobran impuestos, de tal suerte que dependen en grado sumo de la eufemísticamente llamada federación les aporta. ¿Con qué, pues, pagarán su débito y al mismo tiempo mantendrán aceitado el aparato de gobierno, los servicios públicos y todo lo demás?, porque no es lo mismo Nuevo León que Guerrero, Jalisco que Hidalgo, o Sonora que Tlaxcala.
Firme la decisión del gobierno peñanietista, vía Luis Videgaray, vale preguntarse: con los estercoleros que al final de sus mandatos suelen dejar los gobernadores (el caso más reciente, que no el único y mucho menos el último, el de Sabines en Chiapas), ¿cómo le harán estados y municipios para dar servicio a sus respectivas deudas y al mismo tiempo atender las urgencias económicas y sociales de cada una de las entidades involucradas, en el entendido de que las participaciones federales están íntegramente comprometidas, no hay captación interna de recursos, se encuentran en el buró de crédito, y, por si fuera poco, los pendientes, en especial los sociales, son explosivos?
Sólo como ejemplo, la Cámara de Diputados ha documentado que el municipio de San Juan Tepeuxila, en el estado de Oaxaca, registra la tasa más alta de pobreza en el país, con 97.4 por ciento de su población en tan precaria circunstancia; dos localidades de Chiapas, Aldama y San Juan Cancuc, reportan a 97.3 por ciento de sus habitantes en situación de pobreza, además de Chalchihuitán con 96.8 por ciento, y Mixtla de Altamirano, en Veracruz a 97 por ciento de ellos. Es conocido que alrededor de 75 por ciento de los municipios en el país (con grados medio, alto y muy alto) reportan considerables tasas de pobreza y miseria, y ellos se localizan en estados con voluminosas deudas, a todas luces impagables dada la dinámica descrita.
Los responsables (tanto los vigilantes como los actuantes) del elevadísimo nivel de endeudamiento de estados y municipios permanecerán intocados. En breve ya los veremos en pos de otro hueso, de una diputación o senaduría (sólo hay que darse una vuelta por San Lázaro o Reforma, cuando menos), y lo peor del caso es que lo alcanzarán. Libres de cualquier amenaza judicial, de tal suerte que el costo de sus excesos y raterías en automático pasan a los ciudadanos, sempiternos pagadores de platos rotos.
Entonces, que hará la implacable Secretaría de Hacienda a la hora de que en esos municipios, y otros, estallen algo más que fuegos pirotécnicos, porque si de por sí la situación social es color de hormiga, una decisión técnicamente correcta puede apagar el fuego con gasolina de alto octanaje, aunque esté muy cara. Alguien debe recordar en la Secretaría de Hacienda que los cerca de 60 millones de pobres que se sobreviven a lo ancho y largo de la República son reales, de la A (Aguascalientes) a la Z (Zacatecas).
Las rebanadas del pastel
Con la velocidad y el olfato que lo caracterizan, el Banco Mundial finalmente registró que el desempleo es una crisis global. Lento, pero seguro, el organismo financiero multilateral sólo se dio cuenta de lo anterior cuando la cifra de desocupados en el planeta superó los 200 millones, y contando, y tras evaluar que la tasa respectiva hace tiempo que no muestra una tendencia descendente. Pero de algo sirvió el ejercicio, pues permitió que la institución concluyera que la creación de empleo ofrece la vía más segura para salir de la pobreza. Todo un hallazgo para el BM, uno de los promotores de las grandes reformas estructurales que han hundido a la mayoría de los habitantes de lo que queda del planeta.
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