(La Jornada)
Las detenciones efectuadas tras los disturbios que tuvieron lugar el pasado 2 de octubre como hechos periféricos a una marcha multitudinaria y pacífica, han derivado en imputaciones penales y consignaciones en contra de 19 de los arrestados; nueve fueron trasladados a reclusorios y se les fijó una fianza de 130 mil pesos para que puedan alcanzar la libertad caucional.
Este es el más reciente episodio de una saga marcada desde su inicio por irregularidades, atropellos, arbitrariedades y puntos oscuros que podría representar un nuevo caso de fabricación de culpables, como ocurrió ya en la capital del país a raíz de la violencia que tuvo lugar el primero de diciembre del año pasado y el 13 de septiembre del presente.
No cabe duda que en esas fechas, al igual que el miércoles pasado, hubo actos de vandalismo contra propiedades públicas y privadas y agresiones injustificables contra efectivos policiales. Sin embargo, en las dos ocasiones anteriores pudo demostrarse, con base en documentos videográficos, que en muchos de los casos los capturados no estuvieron involucrados en los delitos que se les imputaron, que las fuerzas policiacas falsearon datos fundamentales, como el lugar y las circunstancias de los arrestos, y que éstos fueron realizados de formas violatorias a los derechos fundamentales de los acusados.
En esas tres fechas se configura, en suma, un patrón por demás ajeno al estado de derecho: primero, en los alrededores de manifestaciones pacíficas se introdujeron grupos que protagonizan actos de violencia; los efectivos del orden atestiguan los delitos sin intervenir, e incluso, en ocasiones, toleran las acometidas contra sus propias filas; a continuación, cuando los responsables del vandalismo ya se han retirado, los policías emprenden una cacería y detienen, con lujo de violencia, a manifestantes que no han vulnerado la ley de manera alguna, e incluso a viandantes y comerciantes por completo ajenos a las marchas y concentraciones. En ninguno de los casos, hasta ahora, se ha sancionado a efectivos o a mandos policiales que, frente a cámara, han perpetrado agresiones y violaciones a los derechos humanos de los afectados.
Sin ignorar la obligatoriedad y pertinencia de que las fuerzas del orden salvaguarden la paz pública e impidan y persigan actos de vandalismo, debe señalarse, sin embargo, que la manera de proceder antes mencionada, lejos de fortalecer el estado de derecho, lo convierte en un acto de simulación y deriva en la comisión de irregularidades y delitos de quienes debieran salvaguardarlo, desde elementos policiales hasta agentes del Ministerio Público y jueces que se prestan a construir imputaciones a todas luces arbitrarias.
En el caso más reciente se tiene documentado tanto el accionar violento de agentes del orden contra ciudadanos inocentes como irregularidades procesales tan inadmisibles como la asignación forzada de abogados de oficio a los detenidos, incluso cuando éstos disponen de sus propios defensores.
Es sumamente preocupante que los mecanismos de procuración e impartición de justicia sean usados no para esclarecer y castigar delitos reales, sino para cumplir con una cuota de detenidos y consignados a fin de satisfacer los reclamos de sectores de la opinión pública que exigen mano dura ante el ejercicio legítimo del derecho constitucional a las libertades de reunión, expresión y manifestación. Ello sería, además, doblemente inaceptable en el Distrito Federal, donde la mayoría de los ciudadanos han apostado por el fin del autoritarismo policial, y en una fecha en la que se conmemora, precisamente, una de las expresiones más trágicas del autoritarismo.
