Apenas instalado en la residencia oficial, el nuevo inquilino de Los Pinos se apuró a repetir lo dicho por prácticamente todos sus antecesores: el esfuerzo que hace la población para salir adelante reclama criterios de elemental eficiencia y austeridad por parte del gobierno”, de tal suerte que la medianía juarista sería el símbolo de su administración. Eso dijo, pero casi cinco años después la realidad es apabullante: más de un millón de millones de pesos anuales (9 por ciento del PIB) le cuesta a los mexicanos mantener la estructura burocrática federal (aparte la estatal y la municipal).
Cada año, en medio de la queja perpetua de que en este país “no hay dinero” para atender las urgencias sociales, una tercera parte del presupuesto de egresos de la federación se destina a la ineficiente maquinaria burocrática federal, es decir, los mexicanos gastan un billón 100 mil millones de pesos para a cambio recibir prácticamente nada, por no decir absolutamente nada. Como bien lo subraya y documenta el Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, a cargo del doctor José Luis de la Cruz Gallegos, “el análisis del gasto ejercido por el sector público mexicano pone en relieve cómo se destina éste a rubros que tienen una escasa incidencia sobre el desarrollo económico y social del país. Sin considerar aspectos esenciales, como las remuneraciones normales, las erogaciones realizadas por el gobierno federal y las entidades públicas representan una parte sustancial del presupuesto total, superior a los recursos públicos de las cuatro principales entidades federativas (Distrito Federal y los estados de México, Jalisco y Nuevo León).
Comparado con la riqueza generada por diversos países, el gasto en servidores públicos del gobierno calderonista y las erogaciones adicionales asociadas a los mismos representa una proporción superior al producto interno bruto de un año. Por ejemplo, anota el CIEN, “si los gobiernos de Ecuador, Bulgaria y Uruguay mantuvieran una burocracia como la mexicana necesitarían más de dos años de su PIB para poder cubrir los gastos que a nivel federal se realizan en los servidores públicos mexicanos. Por tanto, si bien para México dichas erogaciones constituyen alrededor de 9 por ciento, una proporción de por sí considerable, cuando la comparación se realiza con otras naciones puede observarse que el presupuesto nacional dedicado al rubro consume una gran cantidad de recursos financieros, todos ellos provenientes de impuestos, ingresos por petróleo y sus derivados, así como del endeudamiento público”.
El CIEN adelantó a México SA su más reciente estudio (Gasto de gobierno en servidores públicos y erogaciones adicionales), en el que se explica que para el análisis se consideraron los dos componentes del sector público (ramos administrativos y entidades del sector público); así como las siguientes clasificaciones del gasto: remuneraciones adicionales y especiales, otras prestaciones sociales y económicas, pago de estímulos a servidores públicos, remuneraciones al personal de carácter transitorio, servicios profesionales, científicos, y técnicos y otros servicios, alimentos y utensilios, servicios de arrendamiento, servicios financieros, bancarios y comerciales, servicios de comunicación social y de publicidad, servicios de traslado y viáticos, remuneraciones al personal de carácter permanente, seguridad social y pensiones y jubilaciones. En total, un billón 100 mil millones de pesos. Para atender este nivel de gasto, Uruguay necesitaría destinar 229 por ciento de su producto interno bruto, Bulgaria, 210 por ciento y Ecuador, 152 por ciento.
La austeridad, pues, de mentiritas. Sólo por remuneraciones adicionales y especiales, otras prestaciones sociales y económicas, y pago de estímulos a servidores públicos, ejemplifica el CIEN, Pemex, CFE, IMSS e ISSSTE destinan 164 mil millones de pesos al año. “Estos conceptos constituyen pagos adicionales a las remuneraciones y prestaciones que deben recibir los trabajadores del sector público. Cuando se hace el mismo cálculo para los ramos administrativos la suma asciende a 170 mil 400 millones de pesos, de tal suerte que el acumulado (334 mil millones) constituye una cantidad superior al presupuesto que durante 2011 ejercerán el Distrito Federal y el estado de México en conjunto (285 mil millones de pesos)”.
Adicionalmente, hay recursos (destinados a remuneraciones al personal de carácter transitorio y a servicios profesionales, científicos, y técnicos y otros servicios) que representan erogaciones adicionales por 60 mil millones de pesos, de los cuales Pemex, CFE, IMSS e ISSSTE tienen asignados 25 mil 200 millones; en tanto que los ramos administrativos (Presidencia de la República y secretarías de despacho) han presupuestado casi 35 mil millones más. Esto constituye una evidencia de que los 334 mil millones de pesos destinados para pagos adicionales a las remuneraciones normales de la burocracia, no son suficientes, por lo que es necesario contratar personal ajenas a la estructura burocrática del sector público mexicano”.
Así, los casi 394 mil millones de pesos que se aplican a los rubros antes citados “eclipsan” el presupuesto destinado a la infraestructura carretera y de energía eléctrica, y evidencian que en México el problema no es la falta de recursos, sino una asignación ineficiente de los mismos. De esta manera, mantener en operación a un gran aparato burocrático tiene costos de infraestructura y servicios adicionales que deben contratarse para darles cabida y sustento. Al tomar en consideración algunas erogaciones (alimentos y utensilios, servicios de arrendamiento, servicios financieros, bancarios y comerciales, servicios de comunicación social y de publicidad, servicios de traslado y viáticos) puede indicarse que los ramos administrativos gastan 25 mil 600 mil millones de pesos (se excluyó al sector salud de la estimación). Para el caso de Pemex, CFE, IMSS e ISSSTE la cuenta es por 40 mil 300 millones, sin tomar en cuenta la parte de alimentos para el IMSS e ISSSTE”.
Todo lo descrito constituye un gasto de 460 mil millones de pesos adicionales a los casi 348 mil millones que las remuneraciones al personal de carácter permanente, la seguridad social y las pensiones y jubilaciones que Pemex, CFE, IMSS e ISSSTE reclaman cada año. Si finalmente se consideran los 326 mil millones de pesos que los ramos administrativos destinan a los rubros de remuneraciones al personal de carácter permanente, seguridad social y pensiones y jubilaciones, se tiene una visión completa de lo que a la sociedad mexicana le cuesta mantener la actual estructura burocrática federal: 1.1 billones de pesos, es decir casi 100 mil millones de dólares por año.
