Carlos Fernández-Vega (La Jornada)
Menos de dos semanas restan al Senado de la República para que sus inquilinos modifiquen, aprueben o desechen la (contra) reforma laboral calderonista. Algunos de ellos ya advierten que las cosas se han atascado, aunque reconocen que el atorón no es producto de la denuncia de algún legislador medianamente enterado del acto de barbarie que intentan cometer en contra de los trabajadores, sino resultado de la feroz cuan amenazante reacción del sindicalismo charro que se retuerce ante la posibilidad de que sus no pocos privilegios, excesos y, de plano, actos delincuenciales sean no sólo develados, sino cancelados (lo que más duele a esa mafia).
A ninguno de los legisladores involucrados en este acto de lesa patria contra los trabajadores les importa si éstos son pasados a cuchillo; si sus condiciones laborales retornan a los tiempos porfirianos; si se incrementa la de por sí voluminosa deuda social, o si su decisión contribuirá a hundir aún más a la mayoría de los mexicanos. Les tiene sin cuidado si le cargan la factura, íntegra, a sólo uno de los factores de la producción, pero sí les preocupa que la voraz charriza descuadre los equilibrio$ alcanzados entre las empresas… perdón, los partidos políticos representados en San Lázaro y en la faraónica sede senatorial, y les apesten la fiesta que ya se prolonga por más de tres décadas.
¿Cuántos de esos senadores –sin olvidar a los diputados, desde luego– conocen realmente las espeluznantes condiciones laborales en las que sobreviven millones de trabajadores? Como bien lo señala el Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tec de Monterrey, campus estado de México, que dirige José Luis de la Cruz Gallegos, el aumento de la precarización laboral observado en los últimos años no puede subsanarse bajo la actual reforma; combatir a la informalidad, generar trabajos con contrato por escrito, tener acceso a trabajos con prestaciones adicionales a las de seguridad social, pagar mejor y elevar la productividad corresponden a la aplicación del marco legal y también a la conciencia de que sin la adecuada solidaridad y fraternidad social, vista desde esquemas que permitan distribuir mejor la riqueza, difícilmente se podrán obtener mejores resultados a los hasta hoy alcanzados.
Obvio es que los cambios estructurales realizados por México durante las últimas tres décadas no han incidido positivamente en el crecimiento económico, la distribución del ingreso, la generación de empleo, el incremento en los salarios y la lucha contra la pobreza, pero los autodenominados representantes populares insisten en que vamos por el rumbo correcto. Todo lo quieren arreglar con una (contra) reforma laboral expoliadora, cuando en realidad lo que le urge al país es un proyecto de desarrollo que promueva el crecimiento y la equidad, ausentes desde muchos años atrás.
El CIEN subraya que el bajo crecimiento ha contribuido a la reducción del poder adquisitivo de los salarios, porque durante los últimos 30 años se ha buscado aumentar la competitividad internacional de las exportaciones mexicanas y contener la inflación mediante la aplicación de una política laboral que otorga bajos incrementos salariales y reduce las prestaciones de los trabajadores. En consecuencia, la inequidad en la distribución del ingreso no corresponde exclusivamente al mal desempeño productivo, también ha sido propiciada por políticas económicas carentes de un verdadero contenido social. En este punto convergen aspectos sociales y económicos: con base en la calidad de su empleo y los salarios percibidos, las personas están en condición de elevar el bienestar de sus familias, de proporcionarles un entorno estable e impulsar el crecimiento del mercado interno.
Así, los bajos salarios tienen como telón de fondo un mercado laboral que favorece la inequidad y la precariedad. En un primer aspecto se tiene a la incapacidad del sistema productivo para generar empleo formal bien remunerado y con las prestaciones adecuadas. Como ejemplo, se puede citar que los trabajadores registrados en el IMSS son una minoría respecto de quienes componen la población económicamente activa. En una nación de 113 millones de personas, con una PEA de 50 millones, indicar que menos de 16 millones de trabajadores están registrados en el IMSS constituye una señal inquietante, representa una deficiencia de la economía: la incapacidad de generar empleo con prestaciones sociales, pero ¿qué pasa con el resto de los empleados?
La respuesta es sencilla, precisa el CIEN: en México existen más de 30 millones de trabajadores que no cuentan con seguridad social, casi el doble de quienes están registrados en el IMSS. Si a lo anterior se le adiciona que hay más de 14 millones de empleados sin un contrato escrito que los vincule con sus patrones (algo que por ley debería otorgarse), 6.7 millones de personas que perciben un salario mínimo o menos, 3 millones de trabajadores sin remuneraciones y 14 millones más en la economía informal, lo que puede indicarse es que en México predomina un mercado laboral que no es factor de movilidad social, que genera precariedad y que en consecuencia no propicia el bienestar de la población. Y la reforma laboral empeorará el balance.
La consecuencia de lo anterior es la persistencia de la pobreza. Desde 1992 no existe un avance sustancial en la lucha contra este problema social y económico. Hasta antes de la recesión de 2009 había 45.5 millones de pobres por ingreso en México, donde cerca de la mitad no tenían la capacidad de alimentarse adecuadamente. Durante la crisis se presentó un aumento en el grado de marginalidad, propiciando que para 2010 el número de pobres por ingreso se elevara a 57.7 millones (se estiman 60 millones al cierre de 2012). La persistencia del problema evidencia la incapacidad del modelo económico para generar los mecanismos de mercado que permitan superar este escollo social.
El panorama es terrible y complicadísimo, pero en Los Pinos, en San Lázaro y en la sede senatorial aseguran que la falta de crecimiento, la concentración del ingreso y la riqueza, el desplome del poder adquisitivo y demás gracias se resuelven con la (contra) reforma laboral. ¿Y los empresarios? Bien, gracias.
Las rebanadas del pastel Apenas dos reuniones resultaron más que suficientes para que Felipe Calderón inoculara a Enrique Peña Nieto el bicho de la percepción. Ayer, durante su periplo por Inglaterra, el mexiquense aseguró que la imagen de México ante el mundo por el problema de la violencia es peor quizá de la que se vive (La Jornada, Rosa Elvira Vargas). El actual inquilino de Los Pinos no lo hubiera dicho mejor.
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