León García Soler (La Jornada)
De golpe, sin más cimiento sólido que la voluntad política de asumir las diferencias con la oposición y conceder a los partidos de la pluralidad los proyectos y las iniciativas propias, a cambio del acuerdo anticipado en lo esencial, la transición en presente perpetuo cedió el paso al poder constituido y constituyente: la política como acción en lo real y lo posible. No hubo palaciegas reuniones en La Moncloa. Tampoco había necesidad de una testa coronada como jefe de Estado. El cesarismo sexenal no fue dictadura perfecta ni imperfecta.
No había necesidad de simular una revolución ni de inventar la rueda para instaurar una república representativa, democrática, laica y federal. Hace falta voluntad política, decisión de enfrentar la realidad, sin miedo a fantasmas de la desmemoria, sin aferrarse a dogmas neoconservadores del priato tardío; reconocer que en política lo que resiste apoya, aun en las horas perdidas de la indefinición, del miedo a llegar al cambio de régimen. La alternancia de partidos en el Poder Ejecutivo hizo efectivos la separación de poderes y el sistema federal. La toma de posesión de Enrique Peña Nieto, el contraste del choque en las barricadas callejeras y la sobriedad republicana del acto en que asumió el supremo Poder Ejecutivo, dieron marco a la convocatoria a un gran acuerdo nacional.
A paso veloz, prueba de que siguen un plan elaborado, detallado, los recién desempacados colaboradores del nuevo gobierno se reunieron con los líderes del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática y anunciaron la firma de un acuerdo en lo esencial; de un pacto, el Pacto por México. De inmediato, las dudas, la desconfianza en la que anida la serpiente del fascismo criollo, rupestre, intolerante, en el que se unen la derecha y la izquierda extrema. Ya no el miedo al retorno del PRI hege- mónico y la presidencia omnímoda, sino al horizonte mismo; a los combates intestinos, imaginarios unos, otros debidos al reparto del botín, no a los diferendos ideológicos.
Jesús Zambrano, su presencia en el acto fundador, el compromiso de debatir y acordar reformas capitales, la educación, la energética, la hacendaria, fueron condenados automáticamente en la multiplicidad facciosa que identifica acuerdo con rendición. Con y sin pacto, se gobierna en un sistema plural de partidos. El Congreso es parte del gobierno, de la Unión, y en cada estado de la Federación; y los gobernadores, aunque provengan de alianzas o coaliciones cuestionadas. Integran el gobierno los tres poderes. En un individuo se deposita el Poder Ejecutivo. Los integrantes de su gabinete son secretarios, no ministros; no son el Ejecutivo en plural, son empleados a los que puede designar o remover libremente.
Gustavo Madero pagó su cuota. Y luego vendría el golpe del patético recuento de militantes perdidos en la debacle electoral de 2012. De los adherentes no vale la pena hablar: eran comparsa en los años de brega de eternidad, del afán por constituirse en el monopolio de la oposición; cuando Vicente Fox sacó al PRI de Los Pinos entraron a saco miles, decenas de miles, centenares de miles de adherentes al PAN victorioso, el antiguo oficio de la empleomanía, al saqueo. Se cumplió la profecía de la pureza atemorizada: ganaron el poder y perdieron el partido. Y Felipe Calderón dejó la herencia de la sangre derramada, la fractura en el partido que todavía se proclama de cuadros y no de militantes, del agravio a las víctimas de su intemperancia, de la fallida estrategia en su guerra contra el crimen organizado.
Un pacto así no se hace en un par de días, por mucha y muy buena voluntad que tuvieran las partes. 95 temas a tratar contempla el acuerdo de diciembre. Ahí, en primera fila Enrique Peña Nieto, Gustavo Madero, Cristina Díaz y Jesús Zambrano. El martes pasado, César Camacho asistió como nuevo presidente del CEN del PRI. Jesús Ortega y Santiago Creel acompañaron siempre a los líderes de PAN y PRD. El martes se instaló el Consejo Técnico del pacto y José Murat asumió la secretaría técnica. Pero el oaxaqueño participó en reuniones durante meses; enlace directo, ahora para la difícil conciliación del calendario que anticipa las reformas hacendaria, electoral y de derechos humanos (en el segundo semestre), a la iniciativa energética.
Durante el largo interregno, se impuso el silencio de Peña Nieto ante los cuestionamientos a la legitimidad de su triunfo. Decidido a no responder a ataque alguno, aprovechó la inclinación a subestimarlo de la que hicieron gala sus adversarios. El poder sexenal se ejerce hasta el último segundo. De ahí la decisión de respaldar las reformas calderonistas de última hora. La reforma laboral, nada menos. Con su carga simbólica y el lastre de la fuerza patronal a cuyo servicio han estado casi siempre los gobiernos surgidos de la Constitución que nos dio el artículo 123. Impera el empleo informal y responden con la regulación del outsourcing; las juntas de conciliación y arbitraje son cuevas de ladrones y en lugar de poner orden acortan el plazo al derecho a salarios caídos del trabajador. Primer pago a cuenta de la precarización salarial y del sindicalismo.
Harán correcciones en las leyes secundarias. O se pondrá en tela de juicio la voluntad de Enrique Peña Nieto de conceder para negociar acuerdos y no atarse al timón fijo del navío que nos lleva a la deriva en la transición sin fin. Hay gobierno y avances incuestionables. Imposible decir que hay consenso, que el aplauso acompaña cada decisión presidencial. Sabe que quien pretende gobernar para todos acaba por gobernar a nadie. Peña Nieto ejerce el poder, propone y escucha lo propuesto por el resto del gobierno; del gobierno débil, dicen los clásicos, del que no tiene mayoría absoluta en el Congreso. Lo pactado empezó por la reforma educativa. Pospuesta por miedo o por complicidad; miedo a hacer política, complicidad con quienes se niegan a entender que no se trata de un gasto sino de una inversión vital, indispensable, para salir del infierno de desigualdad, desempleo, desnutrición y hambre.
Hay que hacer notar que la reforma educativa trasciende al conflicto del liderazgo del SNTE y el poder constituido; a la debilidad e incapacidad de quienes entregaron posiciones políticas y administrativas, entre ellas una subsecretaría de Educación, el ISSSTE y la Lotería Nacional, a personeros de la maestra Elba Esther Gordillo, a su indudable habilidad, a su imaginaria fuerza electoral. La reforma inicia por declarar que el Estado reivindica la rectoría de la educación pública, gratuita y laica. No se limita a un conflicto sindical. Emilio Chuayffet declaró que la educación es de la sociedad, que la rectoría del Estado no excluye a escuelas privadas; que se someterán a evaluaciones como profesores y escuelas públicas.
Ahí quedó la aprobación de la Ley General de Víctimas. Palabra empeñada, pero algo más que las limitaciones anotadas. Es un primer paso al reconocimiento a los derechos de las víctimas y de una nación sometida al estado de excepción, sin haberse solicitado la autorización del Congreso para la suspensión de garantías. Habrá que corregir fallas y carencias jurídicas. Pero ante el imperio de la ley ha de cumplirse con la obligación de poner rostro y nombre a muertos y desaparecidos.
Hay mandatario. Falta que atienda al mandato de los marginados por la desigualdad y el hambre. Esos son la mayoría de sus mandantes.
