Dos noticias divulgó ayer el Fondo Monetario Internacional: la buena, que, según él, la recuperación económica internacional adquiere un alcance más amplio, aunque los riesgos no han desaparecido del todo; la mala, que la economía mexicana ni fu ni fa, pues su pronóstico de crecimiento no cambia con respecto al de enero pasado, es decir, el mismo de octubre de 2013, de tal suerte que de cumplirse la estimación del FMI la tasa anual promedio en la primera mitad del actual gobierno no pasaría de 2.5 por ciento, con todo y los efectos positivos de las reformas.
La economía mexicana, pues, se mantiene estática, y a los voceros oficiales y oficiosos no les queda de otra que cacarear como buena nueva que la proyección de crecimiento para 2014, ya con las reformas palomeadas, es de apenas 3 por ciento, cuando en los hechos y para efectos prácticos tal proporción sólo representa la mitad del mínimo necesario para mover a México, según promesa del inquilino de Los Pinos, y comenzar a salir del hoyo en el que el país lleva hundido tres décadas, y contando. Entonces, con mucho ánimo y una buena dosis de optimismo, la buena nueva para el país sería que la estimación del FMI no cayó aún más.
Mientras los mexicanos esperan resultados tangibles mucho más allá de los ofrecidos en los últimos 30 años –algo que, por lo demás, no pasa de ser un sueño guajiro–, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) reporta que el informe sobre la situación que guardaron las finanzas públicas durante febrero pasado hizo evidente que la desaceleración económica y la propia reforma hacendaria no han favorecido una mayor captación tributaria para el sector público mexicano.
La razón, apunta, es la prevalencia de un escenario no prospectado por la autoridad: impuestos y gasto público al alza con una caída en la recaudación tributaria y mayor debilidad económica. El menor ritmo de crecimiento y la reducción en el consumo no solamente son producto de la tendencia mostrada por la economía a fines del año pasado, también son producto de las modificaciones hacendarias aprobadas, las cuales han mermado la capacidad de gasto e inversión de los hogares y las empresas.
Resultado de lo anterior es que el mayor gasto gubernamental se debe financiar con deuda, algo considerado por la autoridad pero que, una vez vuelto realidad, pone en claro la magnitud de recursos que son necesarios para mantener el patrón creciente de erogaciones que el sector público ha establecido para 2014. La letra pequeña de esto es que los préstamos habrán de pagarse en los años por venir, por lo que en el presente se debe tener la seguridad de que el gasto sea productivo, de otra manera el riesgo será aumentar la deuda pero comprometiendo el futuro de las finanzas públicas.
El escenario es complejo y muestra el desafío que habrá de superarse en los meses por venir. El crecimiento económico de enero apenas fue de 0.8 por ciento, y las cifras preliminares de ventas de tiendas minoristas y exportaciones muestran una debilidad tanto en el mercado interno como en el externo. Ello se refleja en la recaudación tributaria del gobierno federal, que en febrero no fue favorable: retroceso en los ingresos presupuestarios del sector público de 6.8 por ciento en términos reales, producto de la contracción tanto de los ingresos petroleros como de los no petroleros (-4.4 y -8 por ciento respectivamente).
La caída fue contenida por los ingresos de las empresas y organismos públicos, fundamentalmente Pemex y CFE. Si se les excluye y únicamente se contemplan los ingresos del gobierno federal, lo que se contabiliza es una caída de 11.5 por ciento. La razón radica en la variación negativa del impuesto sobre la renta (-18.5 por ciento) y del especial sobre producción y servicios (IEPS, -38.5).
Los resultados de febrero también exhiben la debilidad de los ingresos no tributarios del gobierno federal, que se desplomaron 29.2 por ciento. En conjunto, lo descrito señala un mes donde el sector público mexicano ha recibido los efectos de una economía en franca desaceleración y afectada por las modificaciones fiscales. Ante ello la administración pública previó aumentar su gasto, tratando de contrarrestar los efectos adversos que la reforma hacendaria tendría. Efectivamente el gasto se elevó, pero en el primer trimestre del año la economía no avanzó.
Desde el micrófono oficial se presume que el gasto público se liberó desde el primer día del año. De hecho, la información disponible registra que en febrero se reportó una variación positiva del gasto programable de todo el sector público (19.2 por ciento) y en particular del gobierno federal (25.8 por ciento). Sin embargo, si bien el incremento al gasto tiene un importante componente de inversión, la cuestión es que en realidad la parte corriente, es decir la menos productiva, supera con creces a la enfocada a la construcción de infraestructura.
Así, para el segundo mes del año el gasto corriente del gobierno federal aumentó en casi 31 mil millones de pesos, mientras lo destinado a inversión creció menos de la mitad de esa cifra, de tal suerte que lo que se tiene es un patrón de gasto que termina por privilegiar las erogaciones en operación de la administración pública antes que lo pertinente para el desarrollo y la renovación de la infraestructura pública del país, esta última impulsora del crecimiento.
Financiar mayor gasto con un incremento de la deuda puede comprometer la salud de las finanzas públicas en los años por venir, particularmente si el país no crece sostenidamente a tasas superiores a 5 por ciento. La cuestión es que el mayor débito no se ha reflejado en un mejor desempeño de la economía, inversión y empleo, que siguen enfrentando un entorno restrictivo. Los efectos sociales perniciosos pueden adelantarse al observar el aumento en el índice de la tendencia laboral de la pobreza. En 2013 avanzó 4 por ciento, esencialmente por la caída del ingreso laboral de los trabajadores: a pesos constantes su retroceso fue 6.1 por ciento, y de 12.2 por ciento en términos de la canasta alimentaria definida por el Coneval. Si la comparación se realiza respecto a 2008 la disminución es todavía más significativa: 16.5 por ciento en términos de reales y 24.8 si se utilizan los precios de la canasta alimentaria.
Las rebanadas del pastel
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