Carlos Fernández-Vega (La Jornada)
Una vez más Germán Larrea y su Grupo México pusieron a parir a buena parte del gobierno federal y, en esta ocasión, al de Sonora, todos fieles servidores del zar del cobre, quien alguna gra$ia tendrá porque todos acatan sus órdenes, se pliegan a sus caprichos y se afanan en ocultar sus excesos, que son muchos, dicho sea de paso.
El ecocidio cometido en Sonora por Grupo México –que en un principio intentó ocultar con la generosa complicidad de las autoridades estatales– no sólo se convirtió en un escándalo nacional, sino que de nueva cuenta lo exhibió como lo que es: manipulador y mentiroso.
Apenas el pasado 28 de julio, vía la Bolsa Mexicana de Valores, el corporativo de Larrea presumía que la Profepa hizo entrega de 18 certificados Industria Limpia a empresas de la industria minera, de los cuales 10 correspondieron a Grupo México, premio, dijo, que reconoce que operamos con los más altos estándares de cumplimiento ambiental a nivel nacional e internacional. Una semana después el corporativo arrojó 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico sobre los cauces de los ríos Bacanuchi y Sonora (¿en qué estaba pensando la Profepa a la hora de firmar certificados?)
El ecocidio se registró el pasado 6 de agosto, pero Larrea y su Grupo México plácidamente esperaron dos días para darlo a conocer, sólo hasta que la población afectada comenzó a denunciar el hecho y ya no podían tapar las nefastas consecuencias, que el mismo corporativo México atribuyó a las lluvias atípicas quese presentaron en la zona noroeste del estado de Sonora.
El derrame de ácido sulfúrico comenzó en la mina Buenavista del Cobre, que no es otra que la histórica mina de Cananea, la cual, en una de tantas maniobras sucias del salinato, en 1990 quedó en manos de la familia Larrea (en ese entonces el patriarca era Jorge Larrea, papá de Germancito, y con excelentes amigos en el poder político) por un precio irrisorio, y sólo después de que Nacional Financiera le limpiara las finanzas y asumiera multimillonarios pasivos.
Con todo, meses antes del traspaso a la familia Larrea la propia Nafin valuó la Compañía Minera de Cananea en alrededor de 2 mil millones de dólares, pero como por arte de magia terminó aceptando alrededor de 475 millones de billetes verdes. Así, junto con Mexicana de Cobre, Jorge Larrea se quedó con la histórica mina y desde entonces la fortuna familiar creció y creció hasta ubicar a su retoño como el segundo empresario más rico del país, sólo detrás de Carlos Slim. Sólo con el usufructo de los bienes de la nación pudo formar parte de la feliz familia Forbes.
Y desde entonces, también, el solícito poder político ha estado al servicio de Grupo México, primero con el papá y, desde 1999, con el júnior. Ambos, por cierto, exigieron, y obtuvieron en su momento, que el ejército y la policía fueran a Cananea a golpear salvajemente a los trabajadores y a desalojarlos, porque a Jorge y a Germancito les molestaba que los mineros lucharan por sus derechos laborales y sindicales, ergo, había que aniquilarlos (algo que, dicho sea de paso, no ha logrado).
Pero los habitantes de Cananea y los trabajadores –los de antes y los de ahora– no son los únicos afectados por la enferma práctica de Germán Larrea y su ejército de ex funcionarios gubernamentales, porque a raíz de que Grupo México alegremente arrojó 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico a los cauces de los ríos Bacanuchi y Sonora, no menos de seis municipios resultaron afectados: pobladores, estudiantes, ganaderos, agricultores, empresarios, fauna y flora y, desde luego, el agua consumida por todos ellos, que ahora no pueden ni tocar.
Y como bien ha denunciado el sindicato minero, “la empresa ‘no hizo nada para avisar a la población de Cananea, la más cercana de todas, ni a los otros municipios, ni a la capital del estado y, según las propias autoridades de la Comisión Nacional del Agua, el consorcio lo ocultó deliberadamente”, de allí que la agrupación de trabajadores califique el hecho como un nuevo homicidio industrial, que se suma al cometido en 2006 en la mina Pasta de Conchos, el cual, por cierto, permanece impune.
Así, tímidamente la presunta autoridad se vio en la penosa necesidad de reconocer que el culpable era su protegido, lo que no evitó que tanto el gobierno federal como el estatal intentaran minimizar el daño causado y, sobre todo, el castigo pecuniario que marca la ley. Pero el daño fue de tales proporciones que ya no lo pudieron evadir: Semarnat, Conagua y Profepa debieron actuar en consecuencia, mientras el gobernador panista Padrés escondía la cola entre las piernas.
En una primera instancia, la presunta autoridad anunció una multa por el equivalente a 20 mil salarios mínimos, que en líquido significa poco menos de un millón 400 mil pesos, lo cual a su vez representa 0.003 por ciento de las utilidades netas obtenidas por el Grupo México en el último año, un corporativo con activos totales por 21 mil millones de billetes verdes.
En Sonora, los habitantes denuncian que ni Grupo México ni las autoridades atienden la emergencia, las cuales sólo buscan paliativos y mantener impune a Germán Larrea junto con su corporativo. Aun así, aquellas han subido un poco el tono, porque la Profepa ya exigió la intervención de la Procuraduría General de la República, toda vez que existen delitos ambientales.
Como publicó La Jornada (Angélica Enciso), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente presentó (el lunes) ante el Ministerio Público Federal una denuncia penal por delito ambiental en contra de las empresas Grupo México y su filial Buena Vista del Cobre, por su presunta responsabilidad en el citado derrame de 40 mil metros cúbicos. A estas empresas también se les podría fincar juicio, con lo que la sanción económica sería hasta de 40 millones de pesos, además de que deben hacerse cargo de la reparación de los daños ocasionados por la emergencia. Ya está en curso un proceso administrativo y se hará una inspección a todo el funcionamiento de la planta.
Sólo falta constatar que la PGR actuará en consecuencia, aunque nada raro sería que en realidad se dedique a tapar el caso para que en unas semanas más nadie se acuerde.
Las rebanadas del pastel
Regreso al futuro: en febrero de 2006, el entonces inquilino de Los Pinos y gabinetazo que lo acompañaba prometíaninvestigación a fondo y castigo a los responsables por el homicidio industrial en Pasta de Conchos. Ocho años después Larrea y Grupo México se mantienen impunes, depredando, y, desde luego, con su gra$ia brillando.
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