Roman Munguia Huato (Rebelion)
Mera coincidencia irónica con la fecha de la expropiación petrolera son las notas periodísticas informando que en la punta de la pirámide social diez megamillonarios mexicanos acaparan 133 mil millones de dólares, lo cual significa que el ingreso anual de casi 16 millones de hogares equivale a menos de dos terceras partes de esa fortuna. En decir, 10 mexicanos poseen casi el ingreso de 80 millones de mexicanos. Esta decena de capitalistas mexicanos, con inversiones en las telecomunicaciones, minería y comercio, detenta una fortuna de 132 mil 900 millones de dólares, alrededor de 1.8 billones de pesos, de acuerdo con el listado de la revista Forbes. La fortuna de los diez magnates –Carlos Slim Helú, Germán Larrea, Alberto Bailleres, Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcárraga Jean, Eva Gonda de Rivera, María Asunción Arumburuzabala, Antonio del Valle Ruiz, Jerónimo Arango y Emilio Azcárraga Jean– es equivalente a 11 por ciento del valor de los bienes y servicios producidos en un año por la economía mexicana, medidos a través del producto interno bruto (PIB), actualmente calculado en 16 billones de pesos.
Esta concentración de riqueza es correlativa al crecimiento de la pobreza social. En México, 4 de cada 10 personas no tiene dinero para comprar alimentos según el reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Uno de cada cinco habitantes vive en extrema pobreza y uno de cada dos en pobreza. Esta situación es producto de las políticas privatizadoras neoliberales desde 1982, y seguramente se agravará más con las “reformas estructurales” impuestas por el pripanismo y el perredismo mediante el Pacto por México de Enrique Peña Nieto. La llamada reforma energética es la privatización de los recursos petroleros en beneficio de la oligarquía local y extranjera. Esta reforma en los hechos es una subordinación trasnacional –Exxon, Chevron, Shell, Halliburton, Schlumberger, etcétera–, pero especialmente es una sumisión política a los intereses imperialistas del país vecino norteño.
Este 18 de marzo la celebración oficial de la expropiación petrolera que llevó a cabo Lázaro Cárdenas del Río en 1938 fue encabezada por Peña Nieto, el dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, el director de Pemex, Emilio Lozaya Austin, y el gobernador de Veracruz, Javier Duarte; un gobernador acusado del asesinato de por lo menos 10 periodistas. El ritual no dio más que para un acto patético de simulación y cinismo. Dicen que uno de los derivados más importantes del petróleo es la corrupción, tan profunda como un pozo de hidrocarburos. Oceanografía es un ejemplo visible; uno más de los escándalos más recientes del Estado mexicano. Pero el culmen de la corrupción y el cinismo es la ovación que recibió el charro sindical Carlos Romero Deschamps como orador durante la ceremonia donde Peña Nieto insiste, falsamente, en que el Estado continuará siendo dueño de Pemex. El hecho de que Romero Deschamps haya estado presente es el descaro de la profunda corrupción que encierra toda la política petrolera gubernamental de saqueo y fraudes multimillonarios, como el de Oceanografía, cual punta del iceberg. Hablar de este charro sindical supermillonario es hablar de uno de los principales amos de la mafia sindical, nos dice en su libro el periodista Francisco Cruz Jiménez. Este “líder” sindical debería estar en la cárcel al igual que la “dirigente” magisterial Elba Esther Gordillo, pero es ejemplo de honestidad y de lucha gremial petrolera para Peña Nieto.
Desde hace más de treinta años los gobiernos neoliberales han venido saqueando descuartizando y desfalcando a Pemex para presentar a la opinión pública su "argumentación" de que Pemex necesita "cambiar de régimen", eufemismo que se usa para esconder la verdadera intención de privatizar la empresa más importante del país y de América Latina. La lucha contra la privatización de la industria energética fue iniciada en 1999 por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Es una lucha con profundas consecuencias clasistas. Si Pemex y la Comisión Federal de electricidad (CFE) se preservan como patrimonio nacional y no como empresas privadas, son los trabajadores de estas industrias quienes garantizarán esta condición. Las burocracias gubernamentales están por completo atravesadas por los intereses de los capitalistas y los charros sindicales corruptos son sus cómplices. La lucha contra la privatización de Pemex no es una mera pelea "nacionalista" sino un capítulo de la lucha de clases de los trabajadores mexicanos por recuperar el país y evitar su completa enajenación por el imperialismo de EUA y las grandes petroleras mundiales. Si esta lucha triunfa, el destino de la industria energética no quedaría en las manos corruptas de los gobiernos priistas, panistas ni perredistas, ni seguir siendo saqueada por los charros sindicales. Deberá ser el inicio de una lucha por un proyecto económico no capitalista, destinado a la resolución de las necesidades de las masas populares y en donde la participación de los trabajadores sea la clave de su democratización y subordinación a los intereses colectivos y no a las ganancias capitalistas.
La lucha por la soberanía nacional pasa por una necesaria reestatización de la industria energética, principalmente de la petrolera. Por eso, la tarde del martes se realizó en Guadalajara una marcha y un mitin muy combativos del Frente Amplio contra la Privatización de la Industria Energética, sumándose a la convocatoria del Congreso Popular. Durante la marcha el contingente se plantó frente al consulado norteamericano para leer un manifiesto, afirmando que son los intereses de las compañías petroleras estadounidenses las principales beneficiarias de la reforma energética.
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