Carlos Fernández-Vega (La Jornada)
El saliente inquilino de Los Pinos asegura que a lo largo de su estancia en la residencia oficial he actuado al tope de mis capacidades, las cuales, dados los resultados ofrecidos, a todas luces no son muchas. Si la primera mitad de la docena trágica panista fue de vodevil, la segunda fue verdaderamente desastrosa, y esa es su negra herencia.
Como bien señala el Centro de Investigación en Economía y Negocios del Instituto Tecnológico de Monterrey, campus estado de México, que dirige José Luis de la Cruz Gallegos, el legado de pobreza, precarización laboral, bajo crecimiento económico, corrupción y violencia han marcado una administración que no logró definir y aplicar una estrategia exitosa en materia económica, política y social. A pesar de contar con recursos extraordinarios, principalmente por el elevado precio del petróleo, el sexenio que está por concluir ha debido remar a contracorriente tanto de eventos externos como de sus propios errores.
El primero de ellos fue dar prioridad a una lucha armada contra la delincuencia, con un balance igualmente desastroso, y dejar a un lado la preparación e implementación de una política económica y social que permitiera enfrentar la crisis de 2009. “Al minimizar la magnitud de la recesión (recuérdese el catarrito), y privilegiar el combate contra el crimen altamente organizado y enraizado en la propia estructura de la administración pública, Felipe Calderón selló su destino. La contracción económica debilitó, una vez más, a la sociedad mexicana, condenándola a una precarización no vista desde 1995. Si bien el país logró ‘crecer’ a partir de 2010, ello no necesariamente ha llegado al bolsillo de la población; los bajos salarios se han hecho parte de la lógica con la que se maneja la política monetaria y la propia empresa”.
Cualquier planteamiento que esboce al aumento de los salarios como mecanismo para impulsar el mercado interno inmediatamente choca con los argumentos de aquellos que temen a la inflación y no a la pobreza, señala el citado centro de análisis. Los estrategas de la política económica son insensibles ante la marginación en la que viven más de 57 millones de connacionales (hasta 2010). Al equivocarse en diagnosticar la crisis se condenó al gobierno saliente: el resto de su administración se avocó a la administración de los daños.
Al perder el rumbo económico y social también se limitó el manejo político. El sexenio comenzó con marcados signos de debilidad, producto de una elección fuertemente cuestionada por algunos segmentos de la sociedad. La crisis terminó de minar la gestión de Calderón, ya que lejos de poder consolidar una sólida base social, la elección de 2009 acabó por señalar que su gestión no era bien evaluada por la ciudadanía y que por el contrario el peso electoral comenzaba a respaldar a la oposición. Las elecciones estatales y municipales terminaron por consolidar dicha tendencia y al final del día le restaron poder de negociación al presidente.
Tomar el camino de la lucha contra el crimen organizado también tuvo un costo para la administración pública, personas inocentes fueron alcanzadas por la violencia y si bien se tiene claro que la delincuencia debe combatirse, no existe consenso sobre que el adoptado sea el mecanismo adecuado. La estabilidad del castillo de naipes depende de Estados Unidos, mientras su economía funciona, la actividad productiva mexicana también lo hace; el problema es que en los próximos meses la desaceleración volverá a exacerbar los desequilibrios nacionales antes mencionados, por lo que la herencia para el siguiente gobierno le obligará a realizar redefiniciones esenciales.
El crecimiento económico exhibido por México durante el sexenio demuestra la incapacidad del aparato productivo para generar elevadas tasas de crecimiento que se traduzcan en un mayor desarrollo social del país y, en consecuencia, en un incremento en el nivel de bienestar para la población. En este sentido, para todo el sexenio se aprecia una modesta tasa de crecimiento, cuyos resultados son heterogéneos: concentración de la riqueza en un sector privilegiado, en contrasentido con un deterioro del bienestar social de millones de mexicanos. En síntesis, como apunta el CIEN, la política calderonista fue cambiar de nombre cuando no se puede transformar la realidad.
La problemática del sector público mexicano no es la insuficiencia de recursos, sino la mala administración de los mismos y el crecimiento exponencial del gasto destinado a actividades que generan menor valor agregado: gasto corriente creciente y poco productivo. De tal forma, se logra apreciar un cierre de sexenio que deja como resultado una relativa estabilidad macroeconómica a costa del deterioro en la situación financiera y social del país. Los requerimientos financieros del sector público ascienden a 5 billones de pesos (89.5 por ciento más con respecto a 2006).
Además, como consecuencia de la crisis financiera de 2008, se aprecia una reducción en los ingresos federales, aspecto que no se ha visto compensado con una moderación en el gasto; de tal forma, desde dicho periodo el balance del sector público es negativo. Tal situación demanda el uso de deuda para cubrir los excesos de un costoso e ineficiente aparato burocrático, aspecto que se ve reflejado en el endeudamiento exhibido a nivel estatal.
En lo que respecta a la situación financiera del sector público, el CIEN indica que se observa un incremento de 55.8 por ciento en términos reales de los ingresos gubernamentales, en tanto que se aprecia un alza sostenida del gasto corriente real (83.3 por ciento). Si bien se aprecia un incremento considerable de la inversión física (185 por ciento), ésta continúa representando una mínima parte del gasto gubernamental. En materia fiscal se aprecia un buen desempeño del IVA al igual que el ISR, sin embargo, dicha situación no se extiende al caso del IETU, impuesto implementado en la presente administración y que lejos de generar ingresos superiores, ha impactado sobre la productividad de las empresas. Caso similar ocurre con el IDE.
Las rebanadas del pastel
Cercana ya la designación del nuevo director del Instituto Politécnico Nacional (todo apunta a que Yoloxóchitl Bustamante no repetirá en el cargo), las candidaturas más sólidas son las del académico Marco Antonio Flores Sánchez, ex oficial mayor de la SEP y de Conacyt, y la de Raúl González Apaolaza, ex funcionario del gobierno de Hidalgo ligado a los Migueles (Núñez y Osorio Chong). Ya como inquilino de Los Pinos, Enrique Peña Nieto develará el misterio el mero día de la Guadalupana.
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