Carlos Fernández-Vega (La Jornada)
¿Cómo revivir a un muerto? La ciencia aún no llega tan lejos, pero algunos políticos y académicos del país, convocados por el Gobierno del Distrito Federal, intentan resucitar el salario mínimo siempre en concordancia con el mandato constitucional en la materia, el cual, dicho sea de paso, empresarios y gobierno se lo han pasado, permanente e impunemente, por el arco del triunfo.
Muestra de esto último es que en los últimos 32 años la relación entre el crecimiento inflacionario y el incremento del salario mínimo ha sido favorable al primero en una proporción de cuatro a uno, de tal suerte que, en el mejor de los casos, un peso de 1982 tiene ahora un poder adquisitivo real no mayor a 20 centavos, siempre de acuerdo con la estadística oficial. Lo anterior, a pesar de que la Constitución obliga al gobierno federal a que el salario mínimo resulte suficiente para satisfacer las necesidades normales de un trabajador y su familia en el orden material, social y cultural y proveer la educación obligatoria de los hijos.
Pero la presunta autoridad ha hecho exactamente lo contrario con dos fines concretos: utilizar el mini ingreso como ancla para el crecimiento inflacionario y con salarios miserables procurar mayores ganancias para el capital. Y en este sentido, los seis sexenios al hilo lo han hecho muy bien, aunque la gente se muera de hambre.
Cuando Miguel de la Madrid (MMH) se instaló en Los Pinos el salario mínimo nacional promedio por día era de 318.28 viejos pesos (a esa cantidad quítenle tres ceros), y al término de su mandato tal mini ingreso se había incrementado a 7 mil 252.92 viejos pesos. Un aumento nominal cercano a 2 mil por ciento. Una fortuna, pensarían algunos, pero en igual periodo la inflación fue de 4 mil cien por ciento, de tal suerte que sólo en el sexenio de MMH el poder adquisitivo real del salario mínimo se desplomó en más de 50 por ciento. De allí p’alante, porque lo mismo sucedió, en menor proporción pero con iguales resultados, de Carlos Salinas a Enrique Peña Nieto. Fue así por una sencilla razón: el férreo control salarial se convirtió en política de Estado.
Para 2014 el salario mínimo diario nominal promedio es de 65.58 pesos, aunque para efectos de poder adquisitivo real hay que restarle el 80 por ciento. Por cierto, el último año con un aumento nominal de dos dígitos para el salario mínimo fue 2000, el último de Ernesto Zedillo. De allí en adelante los incrementos corresponden, en el mejor de los casos, a la inflación oficial reportada, en ese entonces, por el Banco de México y, a partir de julio de 2011, por el Inegi.
Actualmente 67 por ciento (33 millones de mexicanos) de la población ocupada obtiene un ingreso de entre cero y tres salarios mínimos, que está condenada a sobrevivir en las peores condiciones, porque empresarios y gobierno aseguran que muy pocos obtienen ese ingreso y que en realidad el salario mínimo sólo sirve para fijar el monto de las multas.
En los hechos, el control salarial se ha convertido, por un lado, en el pilar de la contención inflacionaria, y, por el otro, en pingües ganancias para el capital.
Ayer, pues, se inauguró formalmente el Foro internacional salarios mínimos, empleo, desigualdad y crecimiento económico, organizado por el GDF, y durante sus trabajos no pocos se sorprendieron cuando Alicia Bárcenas, secretaría ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), reiteró que “México es el único país donde el valor del salario mínimo es inferior al umbral de la pobreza per cápita”.
Algunos tomaron la información como igual de novedosa que de alarmante, pero en los hechos la Cepal lleva años denunciando tal situación. De hecho, apenas en mayo pasado el propio organismo advirtió que México es uno de los países de la región donde el salario mínimo no muestra una recuperación en la última década. Si bien a mediados de los años 90 se detuvo el sostenido descenso que venía experimentado desde los años 80, la última década está pautada por su relativa estabilidad. La última información disponible muestra que casi 14 por ciento de los ocupados recibe un ingreso inferior al salario mínimo, mientras alrededor de dos de cada cinco ocupados percibe hasta dos salarios mínimos.
Y remató con lo siguiente: en un estudio reciente sobre los efectos del salario mínimo en México se descubrió que una parte significativa del incremento de la desigualdad en México entre finales de los años 80 y comienzos de la década de 2000 se debe a la fuerte caída del salario mínimo real. Más aún, esta evolución explica prácticamente todo el incremento de la desigualdad en los quintiles inferiores de la distribución de ingresos durante los años 90. Ese es uno de los resultados concretos de la política económica a la mexicana, porque, detalla la Cepal, en economías mucho más débiles, como las caribeñas (con excepción de Jamaica) los salarios mínimos superan alrededor de dos o más veces la línea de pobreza anual para adultos.
Pero bueno, al inaugurar el citado foro Miguel Ángel Mancera aseguró que existe la convicción necesaria para construir una política pública de salario mínimo bien pensada, estructurada y con toda responsabilidad, en el entendido de que hay un rezago de 35 años en los salarios mínimos, lo cual ha llevado a una pérdida de alrededor de 77 por ciento del poder adquisitivo; es decir, ahora sólo podemos adquirir 23 por ciento de lo que se podía comprar en los años 70.
El periodo referido por el jefe de gobierno, los 35 años, involucran a siete gobiernos: de la segunda mitad del correspondiente a José López Portillo al del actual inquilino de Los Pinos. En términos llano lo anterior se traduce en que una generación y media de mexicanos, sin considerar rezagos, ha sido condenada a vivir en la pobreza, siempre en nombre de la modernidad, el progreso, la visión de futuro y el camino correcto.
Las rebanadas del pastel
Para nadie es un secreto que el empresario del sexenio peñanietista es Roberto Alcántara, quien en apenas año y medio del regreso tricolor ha comprado hasta lo que no le venden y por una casualidad de la vida se ha quedado con jugosos negocios donde el gobierno decide quién sí y quién no. Pues bien, ya que está en el paraíso y presume chequera pachona, sería un gran detalle de su parte que regresara los 10 mil millones de pesos que dejó en la panza del Fobaproa (el tipo de cambio de entonces era de 3 pesos por dólar) cuando reventó el banco que el salinato le entregó (el de Crédito y Servicios, Bancrecer).
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