Voracidad y presupuesto electoral.

En este país en el que nunca hay recursos públicos para atender las urgencias sociales, pero que sobra para quienes lo distribuyen, la clase política y sus instituciones electorales –otrora representantes de la ciudadanía– se han servido con la cuchara grande más grande en existencia, y alrededor de 153 mil millones de pesos dan cuenta de ello. Un gasto monumental, sobre todo cuando en la balanza se pone el costo-beneficio, es decir el dinero utilizado contra los resultados ofrecidos.

Más allá del voluminoso cuan creciente costo económico y social que implica mantener los enormes cuan ineficientes aparatos burocráticos del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, los partidos políticos y las denominadas “instituciones electorales” (todos ellos –versión oficial– dedicados a “cuidar los intereses ciudadanos”) consumieron 153 mil 528 millones de pesos en el periodo 2000-2011, cantidad insultante para los habitantes de un país con carencias sociales tamaño México. Es necesario subrayar que ese total no incluye los presupuestos electorales de los estados de la República, con lo cual el monto fácilmente puede duplicarse.

De ese tamaño es el pastel que, con rebanadas de diferente espesor, se ha comido el goloso aparato político-electoral. De allí el escandaloso reclamo de otra de las lacras de esta República, el aparato político-mediático, que se retuerce y grita, pero no por el creciente cuan derrochador gasto asociado a partidos e instituciones electorales, sino porque modificaciones a la ley respectiva lo dejaron fuera del presupuesto asociado a erogaciones por propaganda.

Con esos 153 mil y pico de millones de pesos, por ejemplo, México podría haber construido una enorme refinería que a la nación ahorraría miles de millones por importación de combustibles, o si se prefiere en el periodo citado el gasto para educación pública podría haber crecido alrededor de 10 por ciento anual, o duplicado, también anualmente, el presupuesto de ciencia y tecnología, entre otras muchas posibilidades de utilizar los recursos públicos para el interés de la nación.

¿Los partidos políticos y las instituciones electorales realmente valen el oro que los mexicanos, quiéranlo o no, gastan en ellos? Obviamente no, pero el problema es que son los propios partidos, por medio de sus representantes (de ellos, no de los ciudadanos) en el Legislativo y con el aval del Ejecutivo, quienes deciden cómo y en qué se gasta el dinero de la nación. Entonces, mientras los famélicos mexicanos (con un desplome en su ingreso a lo largo del calderonato) ahorran lo suficiente para que partidos políticos e instituciones electorales reciban su voluminoso presupuesto 2012 (más grueso de lo normal, por ser año de elecciones federales), va el recuento de daños (léase erogaciones) por el concepto referido, paradójicamente elaborado por la propia Cámara de Diputados.

Del monto citado, 117 mil 464.1 millones de pesos corresponden a los gastos del Instituto Federal Electoral (IFE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y 36 mil 63.81 a partidos políticos. Total, 153 mil 527.91 millones en el periodo 2000-2011 (en el Ejecutivo dirán “cómo gastan estos señores”, sin recordar que ese monto equivale a 70 días de prestaciones de la dorada burocracia federal, que anualmente le cuesta al país, con todo y prestaciones, 1.1 billones de pesos, o lo que es lo mismo, 33 centavos de cada peso del presupuesto de egresos de la Federación).
Por el lado de los partidos políticos, el desglose de la Cámara de Diputados apunta: con base en información proporcionada por el IFE, durante el periodo 2000-2011 en México han existido 16 partidos políticos nacionales, que han recibido un financiamiento público por 36 mil 63.81 millones de pesos, de los cuales: 28 mil 185.95 millones oficialmente se han destinado a actividades ordinarias; 6 mil 815.49 millones a actividades extraordinarias; 887.15 millones a actividades específicas y 175.22 millones a capacitación, promoción y desarrollo “del liderazgo político de la mujer”.
En tal periodo, el financiamiento público se distribuyó de la siguiente manera entre los partidos políticos nacionales con representación en el Congreso de la Unión: PAN, 9 mil 675 millones de pesos; PRI, 9 mil 966.9; PRD, 5 mil 568.3; PT, 2 mil 525.8; Familia González Torres-Martínez (PVEM S.A.), 3 mil 70.3; Convergencia, 2 mil 187.7; y Elba Esther Gordillo S. A. (Panal), mil 173.7 (sin SNTE, ISSSTE, Lotenal y SEP). En ese lapso, las siete agrupaciones “sin fines de lucro” recibieron 34 mil 167.6 millones, el 94.7 por ciento de este tipo de “ayuda”.

Además, nueve empresas privadas con disfraz de partido político se quedaron en el camino (2000-2009), pero se llevaron mil 896.1 millones de pesos (5.3 por ciento del financiamiento público total para estas lucrativas actividades). Esos consorcios, que no obtuvieron el 2 por ciento de la votación general necesaria para mantenerse prendidos al presupuesto, fueron: Partido del Centro Democrático, que obtuvo 54.8 millones de pesos; Partido de la Sociedad Nacionalista, 441.1 millones; Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, 53.6; Partido Alianza Social, 433.7; Democracia Social, 54.6; Partido Liberal Mexicano, 97.7; México Posible, 97; Fuerza Ciudadana, 95.4; y Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, 568.3.

Por el lado de los organismo electorales, en 2000-2011 el presupuesto público federal ejercido por IFE, Trife y Fepade suma 117 mil 464.1 millones de pesos. En el desglose, el IFE ha recibido del erario 101 mil 258.3 millones de pesos; el Trife 15 mil 61.1 millones y la Fepade mil 144.7 millones. Y falta el pastel que se comerán en 2012. ¿Y los resultados? ¡Mafiavillosos!

Trivia:

¿Qué de dónde obtiene tantas concesiones (como en el DF y el estado de México) la trasnacional española OHL (la que recién “multó” Ebrard)? Tal vez ayude lo siguiente: el corporativo es suertudo, pues cuenta con la ayuda de José Andrés de Oteyza (presidente del consejo de administración de OHL México), secretario de Patrimonio y Fomento Industrial de JLP; Carlos Ruiz Sacristán, secretario de Comunicaciones y Transportes de Zedillo (actual director de Sempra Energy, miembro del consejo de administración de Southern Copper, Asarco, ambas propiedad de Germán Larrea, el de Pasta de Conchos, entre otros), y Jesús Reyes (Heroles) González Garza, secretario de Energía y embajador de México en Estados Unidos de Zedillo, y director de Pemex de Calderón. ¡Felicidades!: los ex funcionarios, al servicio del capital trasnacional. Y si se añade la “disposición” de Marcelo y Enrique, por ejemplo, entonces, negocio redondo.