Néstor de Buen (La Jornada)
El segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito en el Distrito Federal acaba de resolver, de una vez por todas, el famoso conflicto provocado por una equivocada y malintencionada decisión del Presidente de la República que declaró terminada la existencia de la Luz y Fuerza del Centro, despedidos a todos sus trabajadores y, como consecuencia, fallecido de muerte natural el Sindicato Mexicano de Electricistas, de gran tradición combativa en la historia social de México.
Con motivo de una resolución infundada –como es habirual– de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que declaró improcedente la petición de los trabajadores por conducto de su sindicato para que procediera a la reinstalación y pago de salarios vencidos a todos los trabajadores dados de baja por una supuesta causa de fuerza mayor, se formuló una demanda de amparo que preparó y tramitó el licenciado Carlos de Buen Unna, la cual el tribunal colegiado acaba de resolver diciendo que no existió tal fuerza mayor, sino un simple despido, por lo que en primer lugar declaró que la Comisión Federal de Electricidad es patrón sustituto de Luz y Fuerza del Centro; que no se presentó ninguna causa de fuerza mayor y que, en consecuencia, deben ser reinstalados los trabajadores despedidos y, en su caso, cubiertas las jubilaciones previstas en el contrato colectivo de trabajo para aquellos trabajadores que hubieren cumplido los requisitos a lo largo de los años de la separación injustificada.
Con ello se ha dado fin a una de las injusticias más notables de las cometidas por el gobierno, y la justicia federal ha demostrado con creces que merece el respeto de toda la ciudadanía, ya que es capaz de resolver un problema tan delicado en forma contraria al interés del gobierno representado en el caso por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y su sucursal, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
A la vista de este resultado, habrá que insistir que en la posible reforma a la Ley Federal del Trabajo, un tema de la mayor importancia es el de la cancelación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que a lo largo de la historia han demostrado ser organismos de ejecución de las decisiones del Poder Ejecutivo, razón por la cual es más que fundada la petición de que se transformen en jueces de lo social dependientes del Poder Judicial y no del Ejecutivo.
Para mí es motivo de enorme orgullo que este resultado haya sido obtenido por una demanda de amparo preparada y presentada por Carlos de Buen. Desde luego que su currículo se integra ahora con una resolución enormemente satisfactoria y que ha permitido devolver las esperanzas a miles de trabajadores electricistas y sus familias.
Confieso mi vieja simpatía por el SME, al que ha vivido asociada mi familia, ya que dos de mis hermanos han sido trabajadores al servicio de Compañía de Luz y Fuerza, denominada posteriormente Luz y Fuerza del Centro.
El problema económico no va a ser escaso para la Comisión Federal de Electricidad. Lo bueno es que la resolución dictada en el juicio de amparo es una consecuencia de la conducta equivocada del gobierno federal y yo diría que, de manera particular, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Hay que reconocer el mérito especial de Martín Esparza, secretario general del SME y quien pese a las dificultades y realidades que tuvo que enfrentar con motivo de este conflicto, supo mantener la unidad de su histórico sindicato y llevarlo a buen fin.
Sin la menor duda, este resultado tendrá que constituir un freno al sindicalismo mediatizado y corporativo que con el total apoyo del gobierno hemos venido padeciendo. Los trabajadores deberán recuperar la confianza en su propia acción y ser ellos mismos los conductos para suprimir los contratos de protección y las decisiones de las autoridades contrarias a los trabajadores.
De paso, también es el momento para que las autoridades ejerzan el papel que verdaderamente les corresponde y suspendan sus acciones ilícitas en contra de los sindicatos. Esa sería una buena decisión para recuperar la condición democrática que debe ser atributo permanente de nuestro país.
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